Según Carlos Eduardo Campo, nuevo gerente del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro la entidad habría financiado con recursos públicos desarrollos tecnológicos que terminaron bajo control exclusivo de un proveedor privado.
Esa exclusividad se habría utilizado después para justificar contratos directos con la misma empresa, a la que se habrían direccionado más de 13.000 millones de pesos.
El gerente denunció las irregularidades ante la Fiscalía General de la Nación, con copia a la Contraloría y Procuraduría, para “solicitar la verificación integral de las decisiones y actuaciones asociadas con la estructuración, selección, contratación, ejecución y continuidad tecnológica” del Sinigan, el Sistema Nacional de Identificación e Información del Ganado Bovino, el cual es un requisito obligatorio para la movilización de ganado en Colombia.
Según la denuncia, el Sinigan era un software interno del ICA, que presentaba actualizaciones periódicas. En 2024 se suscribió un contrato interadministrativo con el polémico fondo mixto Aldesarrollo, investigado por las autoridades por hacer parte de los llamados “contrataderos” del Estado, para la “transformación digital para procesos de campo”.
Se le entregó a dedo 5.027 millones de pesos, que luego subcontrataron al Consorcio Transformación Digital para el Campo 2024, conformado por las empresas Brainarts SAS y Redemas SAS.
La empresa y el software
Según la denuncia, Brainarts tenía el 75 % del consorcio y Redemas, el 25 %. El contrato con Aldesarrollo fue de $4.197 millones, pese a que Brainarts había sido matriculada en octubre de 2023 y llevaba cerca de un año de constituida cuando entró al negocio.
Brainarts nació con un capital suscrito y pagado de apenas 10 millones de pesos, dividido en diez acciones de un millón cada una, según su acto constitutivo. La sociedad quedó bajo el control Sandro Pizzolato, un ciudadano italiano radicado en el departamento de Boyacá, de donde es oriunda la exgerente del ICA, Paula Cepeda.
El 14 de febrero de 2025, un software llamado QuyCapp fue registrado ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA), del Ministerio del Interior.
En el certificado, Brainarts figura como titular de los derechos patrimoniales del software. Después aparecieron una segunda versión y QuyCapp Ganadero.
El ICA, según la denuncia, pasó de tener software propio a celebrar tres contratos directos con la firma para licenciamiento, soporte y operación, por más de 8.000 millones de pesos.
El gerente, en la denuncia, pide determinar si dicho software fue creado con los recursos públicos del primer contrato.
“Lo anterior obliga a determinar si parte de los desarrollos, parametrizaciones, modelos de datos, integraciones, flujos operativos, componentes ganaderos o soluciones a la medida financiadas por el ICA con recursos públicos, fueron posteriormente apropiados, registrados o explotados como activos exclusivos del proveedor, sin una delimitación contractual suficiente entre software preexistente del contratista y desarrollos específicos financiados con recursos públicos”, se lee en el documento.
El escrito pide establecer si funcionarios permitieron que el Estado perdiera capacidad de cambiar de contratista.
“También debe investigarse si servidores o ex servidores autorizaron o toleraron que componentes desarrollados o financiados por el ICA fueran incorporados sin contrapeso institucional suficiente a un ecosistema tecnológico controlado por un tercero, debilitando la capacidad de sustitución del proveedor y comprometiendo la autonomía tecnológica del Instituto”, se lee en la denuncia.
Habla la exgerente
Paula Andrea Cepeda, exgerente del ICA, negó en conversación con SEMANA que se le hubiera quitado el control a la entidad sobre el software.
“Al ICA nadie le ha quitado el software. El ICA no tenía un desarrollo responsable de trazabilidad y no podía el país hablar de trazabilidad ganadera. El contrato se celebró bajo la modalidad de contratación directa. No es el desarrollo de un software, es la prestación de un servicio”, manifestó.
Y agregó: “No se trata solamente de un software. Lo que se contrata en general es un ecosistema eso tiene operación en la nube, soporte y mantenimientos, entre otras cosas”.
Además, cuestionó las denuncias del nuevo gerente, asegurando que “la narrativa de desmonte de este gobierno es que todo lo que funciona lo quieren desechar o destruir”. Finalmente aseguró que tiene soportes para defenderse ante las autoridades frente a las que se denunciaron las presuntas irregularidades.