Una de las políticas más cuestionadas del anterior gobierno del expresidente Gustavo Petro fue la llamada Paz Total, la cual permitió, según varios sectores del país, que las estructuras criminales se fortalecieran en varios territorios.
Ante esa estrategia de seguridad, que fue el sello de la administración Petro, el actual presidente de la República, Abelardo De La Espriella, le puso punto final a por lo menos nueve mesas de negociación con estructuras armadas al margen de la ley.
En este contexto, se puso al descubierto el pago millonario de honorarios a representantes del anterior gobierno en esos diálogos de paz, situación que detalló el vocero del actual Gobierno nacional, Miller Soto.
“Poner fin a lo que su administración califica como una política de concesiones y beneficios para grupos terroristas, organizaciones criminales y otros actores ilegales. De acuerdo con este Gobierno, durante los últimos cuatro años, esas estructuras incrementaron sus acciones contra la población civil, las Fuerzas Militares y la Policía, mientras avanzaban los acercamientos con representantes del Estado”, dijo Soto.
El vocero agregó: “La administración del presidente Abelardo De La Espriella sostiene que los grupos armados aprovecharon los espacios de diálogo para fortalecer su presencia territorial, aumentar su capacidad criminal y desafiar a las instituciones de seguridad y de justicia. Los recursos destinados por el Estado a estos procesos, según la información entregada a este Gobierno durante la administración anterior, se pagaron más de 7.000 millones de pesos en honorarios para voceros, representantes y negociadores”.
“Para el presidente De La Espriella no habrá más espacios de diálogo utilizados para ganar tiempo, fortalecer estructuras criminales o evadir la responsabilidad ante la justicia”.
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 14, 2026
El presidente Abelardo De la Espriella anunció la terminación de nueve mesas de diálogo, espacios… pic.twitter.com/UWv6mdxsOH
“Esta cifra, señala el presidente De La Espriella, no incluye otros gastos asociados a esquemas de seguridad, viáticos, zonas de ubicación y logística. O sea, recursos que también fueron financiados con los impuestos de los colombianos. Frente a este panorama, el presidente fijó una posición muy clara. Este Gobierno no negociará con estructuras criminales mientras continúen utilizando la violencia, el narcotráfico y la extorsión para imponer sus condiciones en los territorios”, recalcó.
El alto funcionario del Gobierno también indicó: “La nueva política establece que el camino para los integrantes de estos grupos al margen de la ley será solamente el sometimiento a la justicia o el enfrentamiento con la Fuerza Pública dentro del marco de la ley y de la Constitución”.
“Los procesos terminados desde el 7 de agosto de 2026 incluyen la mesa de diálogos con el Estado Mayor de los bloques Magdalena Medio, Gentil Duarte, Jorge Suárez Briceño y el Frente Raúl Reyes. También fue terminada la mesa de conversaciones con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el proceso con el Frente Guerrillero Comuneros del Sur”, dijo.
Asimismo, Soto expresó: “La decisión cobija, además, los espacios de conversación sociojurídica con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, conocidas por el llamado ‘tarimazo’, y con organizaciones criminales de Quibdó y de Buenaventura”.
El funcionario subrayó: “Con estas determinaciones, el presidente De La Espriella busca reorientar la política de seguridad nacional y recuperar la autoridad del Estado en las regiones donde operan grupos armados y organizaciones del crimen organizado. La decisión también envía un mensaje a las comunidades. El Gobierno asegura que la protección de la población civil, el respaldo a la Fuerza Pública y la defensa de la institucionalidad serán prioridades de esta administración”.
Finalmente, Soto manifestó: “El Gobierno nacional afirma que Colombia necesita una paz real, basada en la seguridad, la justicia y el sometimiento de quienes persisten en la violencia. Para el presidente De La Espriella, no habrá más espacios de diálogo utilizados para ganar tiempo, fortalecer estructuras criminales o evadir la responsabilidad ante la justicia. Esta es la nueva hoja de ruta de nuestra administración. Firmeza frente a los grupos armados, respaldo a las instituciones y defensa del territorio nacional. Por eso estamos cada vez más cerca de la Patria Milagro”.