Una carta de la directora administrativa del Senado, Astrid Salamanca, dirigida al presidente del Congreso, Lidio García, pone en evidencia una grave situación financiera para el Legislativo durante el 2026.
En la misiva —también enviada a los políticos que integran la Comisión de Administración, entre ellos, Angélica Lozano, Nadia Georgette Scaff, Pedro Flórez y Jaime Enrique Durán—, Salamanca informó que, mediante el Decreto 1477 del 30 de diciembre de 2025, se asignaron las apropiaciones presupuestales de la entidad para el 2026, “las cuales, comparadas con el presupuesto final apropiado a 31 de diciembre de 2025 y con el anteproyecto de presupuesto 2026, son inferiores en un 2 % y 35 %, respectivamente”.
Como se evidenció en un cuadro que publicó la Dirección Administrativa, “no se atendió la solicitud de presupuesto presentada en el anteproyecto 2026 y tampoco hay incremento presupuestal para la presente vigencia con relación al 2025, lo que representa para la entidad una gran preocupación, ya que no se podrán cubrir todos los gastos de funcionamiento en que incurre el Senado de la República, los cuales van a incrementarse entre el 5,1 % (IPC 2025) y el 23 % (incremento del salario mínimo legal), según el tipo de gasto”, se lee textualmente en el documento.
Frente al presupuesto de inversión, según la directora administrativa, “el panorama es aún más preocupante”.
Dijo que los $ 60.435.616.147 “fueron apropiados en su totalidad al proyecto de mejoramiento de las condiciones de seguridad y oportunidad en los desplazamientos de los servidores públicos del Senado”.
Y se dejó sin presupuesto a otros proyectos “tan importantes” como el del fortalecimiento y actualización de los sistemas de información y de la plataforma tecnológica del Senado. Igualmente, el de actualización del sistema integrado de seguridad del Congreso.
Con este último proyecto, “se estimaba, entre otros, cubrir la modernización del recinto de la plenaria del Senado de la República, la adquisición de equipos PC, impresoras y escáneres. Igualmente, adecuar el suministro de energía y centros de cableado, renovar el sistema de iluminación interior del Edificio Nuevo del Congreso”, indica en la misiva.
En materia de seguridad, se pretendía renovar el sistema de rayos X, el sistema de arcos metálicos, la renovación de los pasillos motorizados y molinetes para el ingreso a las instalaciones del Congreso de la República.
Igualmente, “la adquisición de equipos antiexplosivos, un sistema antidrones, la actuación del sistema de video wall, apoyo técnico y a la gestión del Centro Integrado de Control, apoyo operativo en el Centro Integrado de Control y demás sedes del Senado de la República, entre otros”.
La Dirección General Administrativa, “con el fin de garantizar la sostenibilidad de los sistemas de información, la infraestructura tecnológica y el sistema integrado de seguridad de la entidad”, solicitó esta semana al Departamento Nacional de Planeación el concepto favorable para llevar a cabo un traslado presupuestal a nivel de decreto en el presupuesto de inversión, con el fin de garantizar, por lo menos, algunos servicios.
Entre ellos, la actualización de la app Mi Senado, la actualización de licencias Acrobat, la renovación del servicio de nube privada, el acompañamiento, apoyo y soporte técnico en el manejo de los recursos tecnológicos, con sistemas de iluminación, audio, video y electricidad de los sistemas de transmisión de la plenaria y las comisiones.
También se priorizarían los servicios de apoyo y acompañamiento técnico al área de Planeación y Sistemas en la operación, administración y soporte técnico de las plataformas de ciberseguridad, Networking, NAC y solución SD-WAN, “incluyendo el switch Core, los switches de borde, Access Point y las conexiones; soporte técnico al sistema de Energía Eléctrica Regulada que hace parte de la solución de Networking del Senado”.
Según Astrid Salamanca, “sin este apoyo se podrían tener falencias y vulnerabilidades en todos los sistemas con los que cuenta la entidad, como lo pueden ser hackeos a las cuentas de correos, páginas, pérdida de información de los servidores, como el robo de información de los funcionarios”.
En materia de seguridad también habría prioridades, entre ellas, la prestación de servicios de apoyo a la gestión al Centro Integrado de Control del Senado, con relación al acompañamiento técnico y seguimiento del sistema de control de acceso, agendamiento, molinetes, talanqueras, biometría y carnetización y la verificación del funcionamiento de los sistemas de seguridad de control de accesos, detección de incendios, máquinas detectoras de RX, arcos detectores de metales y control vehicular del Senado.
“De no contar este servicio, se perdería el apoyo a la Policía en las sedes externas del Senado, así como el apoyo que se le presta en los puestos de agendamiento con el fin de agilizar ingresos y que la Policía se encargue de la seguridad al ingreso del personal”, se lee en el documento.
Allí, la Dirección Administrativa advirtió: “El no contar con la viabilidad de este trámite antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías electorales (31 de enero de 2026), implicaría que el Senado de la República no cuente con los servicios anteriormente descritos, dejando sin ningún apoyo a la Policía Nacional en el cubrimiento de la seguridad física y tecnológica de las instalaciones del Congreso, y sin contrato a aproximadamente a 70 personas”.
Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda tienen la última palabra.
