El conocido grupo de los 38 juristas, en el que se encuentran varios abogados de prestigio en el país, cuestionó la apertura de investigación que se hizo en contra de los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto, quienes hacen parte de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y quienes absolvieron al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno y fraude procesal.
Los abogados cuestionaron que se haya dado apertura a esa investigación por una queja disciplinaria instaurada desde Taiwán por Alonso Ramírez, quien es el delegado de la Sociedad Civil para las Migraciones - Asia y quien actúa como veedor internacional; sin embargo, no tendría que ver con el proceso como tal contra el expresidente.
Además, dicen que lo que motivó ese recurso fue información publicada en los medios de comunicación en la que se señala que uno de los magistrados debió haberse declarado impedido.
“Esta situación resulta especialmente grave cuando se examina el origen y la naturaleza de la queja que dio lugar a la apertura de la investigación. Estamos ante una denuncia presentada por un ciudadano residente en el exterior, sin ninguna vinculación al proceso penal, que se basa no en hechos verificados o pruebas concretas, sino en conjeturas elaboradas a partir de noticias de prensa”, aseguraron los abogados.
Reclamaron que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un derecho fundamental de todos los ciudadanos y una condición esencial de la democracia.
“La apertura de una investigación disciplinaria contra magistrados, originada no en una denuncia fundada de corrupción, prevaricato o una falta ética manifiesta, sino en el descontento con el resultado de una providencia judicial, sienta un precedente nefasto para la administración de justicia en Colombia”, afirmaron.
Por otro lado, señalaron que ese tipo de acciones genera un “efecto amedrentador” sobre la judicatura porque los jueces y magistrados podrían ser perseguidos disciplinariamente, lo que podría derivar en una autocensura judicial.
“El temor a ser objeto de una investigación puede llevar a los jueces a evitar fallos técnicamente correctos pero políticamente impopulares, o a decidir no en función de su conciencia jurídica y la ley, sino en función de eludir la controversia y la persecución”, afirmaron los abogados.
Los abogados criticaron que se esté cuestionando a los jueces por supuestas faltas éticas sin ninguna prueba y no por el contenido de sus fallos. “Se configura un patrón de intimidación institucional que erosiona progresivamente las garantías de independencia que son patrimonio de toda la sociedad colombiana”, afirmaron.