Política
José Antonio Ocampo alerta sobre posible omisión del Gobierno que pondría en riesgo la “sanidad de las finanzas de Ecopetrol”
El exministro de Hacienda se refirió al pago al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) que incluyó en el texto del proyecto de adición presupuestal.
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En la reunión de ponentes del proyecto de adición presupuestal no quedó claro si el Gobierno mantendrá el punto en el que se prevé un pago por 18 billones de pesos al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). La representante Katherine Miranda encendió las alarmas por los riesgos a la regla fiscal y a Ecopetrol, preocupación que comparte José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda.
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Miranda, presidenta de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, resaltó en su cuenta de Twitter que es “indispensable” mantener el pago. De no ser así, tanto la regla fiscal como Ecopetrol saldrían perjudicados.
“Iniciamos discusión de la adición presupuestal en las comisiones económicas Es indispensable y responsable que el gobierno mantenga el pago por $ 18 billones al FEPC, tal como lo había proyectado José Antonio Ocampo. De lo contrario sería muy perjudicial para Ecopetrol y la regla fiscal”, publicó la congresista en sus redes sociales.
Apoyo a la Presidenta de la Comisión 3a de la Cámara. El déficit de Fepc fue una pésima herencia de Duque, pero el Gobierno Petro tiene que pagarlo, por respeto a la Regla Fiscal y sanidad de las finanzas de Ecopetrol. Más aún, el deficit de 2022 es mayor: cerca de $30 billones. https://t.co/oLTWRlaxFI
— Jose Antonio Ocampo (@JoseA_Ocampo) May 24, 2023
El exministro Ocampo secundó lo dicho por la representante, asegurando que se tiene que realizar el pago por “respeto” a las finanzas de Ecopetrol y la regla fiscal. Si bien dijo que el déficit es una “pésima herencia de Duque”, señaló que el Gobierno Petro tiene la responsabilidad de pagarlo.
“Apoyo a la presidenta de la Comisión Tercera de la Cámara. El déficit de FEPC fue una pésima herencia de Duque, pero el Gobierno Petro tiene que pagarlo, por respeto a la regla fiscal y sanidad de las finanzas de Ecopetrol. Más aún, el deficit de 2022 es mayor: cerca de $ 30 billones”, advirtió Ocampo.
Si bien el proyecto de adición presupuestal tiene previsto agregar al Presupuesto General de la Nación cerca de 23 billones de pesos, la meta de Ricardo Bonilla, nuevo ministro de Hacienda, es que este monto disminuya.
Este miércoles continúa la reunión con los coordinadores y ponentes de la iniciativa, la cual quedaría aprobada antes del 20 de junio, día en el que acaban las sesiones ordinarias en el Congreso de la República.
El precio de la gasolina en Colombia viene subiendo de forma acelerada por una estrategia del gobierno del presidente Gustavo Petro de reducir el gasto fiscal generado por el FEPC, que evita que los consumidores sientan el impacto del alza.
Esto ha provocado que el galón de gasolina suba cerca de 600 pesos más, teniendo en cuenta que en algunas regiones del país puede ubicarse por encima.
En las últimas semanas, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal emitió un informe en el que expone que considera apropiado que el Gobierno nacional continúe “en su esfuerzo por reducir el diferencial entre el precio de referencia de la gasolina y su precio regulado”.
“Esto permitirá la reducción del déficit del FEPC de $ 36 billones en 2022, a cerca de $ 26 billones en 2023, cifra que sigue siendo muy elevada para las finanzas de la Nación y que debe seguir corrigiéndose. El Plan Financiero de 2023 tiene como supuesto el pago de la totalidad del déficit del FEPC pendiente de pago y causado en 2022, y la programación del pago en 2024 de lo que se cause en 2023, además de la reducción del diferencial en el precio de la gasolina corriente con aumentos mensuales del precio”, explica.
Los subsidios a los combustibles fósiles son en la actualidad el programa de subsidios más costoso a cargo de la nación y más que duplican la totalidad de las transferencias directas a los hogares en el país, además de ser regresivos. Reversar o suspender la política de corrección de precios no solo pone en riesgo el cumplimiento de las metas del plan financiero y el cumplimiento de la regla fiscal, sino que desviaría recursos fiscales desde otros programas sociales y de infraestructura al pago de estos subsidios.