El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella expidió un comunicado a través del Ministerio de Justicia donde defendió la aspersión aérea como estrategia para enfrentar el incremento de plantaciones de coca en Colombia.
Lo hizo este martes, 15 de septiembre, cuando el gobierno de Estados Unidos anunciará si el país continúa desertificado en materia de lucha contra las drogas, una categoría en la que cayó la Nación durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.
“La amenaza es el narcotráfico, no la aspersión aérea”, se lee en el comunicado oficial donde se enfatizó que la aspersión no debe presentarse como una amenaza para Colombia.
“Debe entenderse como una herramienta del Estado para proteger a las comunidades, recuperar los territorios y enfrentar una de las principales fuentes de financiación de las organizaciones criminales”.
La verdadera amenaza —a juicio del MinJusticia— “son los cultivos ilícitos cuando quedan bajo el control de las estructuras armadas: sus rentas financian a las organizaciones criminales que extorsionan, reclutan a menores de edad, desplazan y confinan comunidades, y generan buena parte de la violencia que padecen distintas regiones del país”.
De acuerdo con el Ministerio, el debate no puede partir de la idea de que actuar es el problema.
“No actuar es lo que pone en riesgo a las comunidades, fortalece a las organizaciones criminales y permite que sigan creciendo las economías ilegales”, se lee en el comunicado.
Dejó claro que cuando se le impide al Estado utilizar una herramienta eficaz contra los cultivos ilícitos, también se ponen en riesgo los derechos a la vida, la seguridad, la libertad y la paz, así como los derechos prevalentes de la niñez y el derecho de las comunidades a vivir sin el sometimiento de las organizaciones criminales.
“También debemos hablar del medioambiente. Los cultivos ilícitos destruyen bosques, amplían la frontera agrícola ilegal, contaminan fuentes hídricas y utilizan sustancias químicas altamente nocivas durante la producción de cocaína”.
El Gobierno tiene claro que la aspersión aérea, aplicada bajo parámetros técnicos, ambientales, sanitarios y constitucionales, “debe ser vista como parte de la solución y no del problema”.
El Ministerio estima que Colombia necesita todas las herramientas legales y constitucionales disponibles para enfrentar el narcotráfico. “Renunciar anticipadamente a una de ellas significa limitar la capacidad del Estado y fortalecer, en la práctica, a quienes controlan las economías ilegales”.
Y remató el comunicado: “Nuestra posición es clara: la aspersión aérea, debidamente regulada y controlada, no debe ser presentada como una amenaza. La amenaza es el narcotráfico. La aspersión es una herramienta para combatirlo”.
El Juzgado Tercero de Puerto Asís, Putumayo, aceptó para su estudio una acción de tutela contra la reciente decisión del Gobierno De La Espriella de revocar el decreto que prohíbe la aspersión aérea.
En la admisión de la tutela, se decretó la medida cautelar solicitada: suspender los efectos de la Resolución 007 del 18 de agosto de 2026, expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes, que fijó un “plan piloto relacionado con la utilización de glufosinato de amonio mediante aspersión aérea” en el Putumayo.
En la resolución se señala que esta medida cautelar se mantendrá vigente hasta que no se recaude toda la información requerida y se adopte una decisión de fondo.
Es decir, el gobierno de Abelardo De La Espriella se enfrenta a varias tutelas que pretenden frenar su estrategia para atacar los cultivos de coca en Colombia.