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El proyecto hace modificaciones para las elecciones y el registro de votantes. | Foto: Daniel Reina

Confidenciales

La ‘jugadita’ del Senado para enredar la reforma electoral, ¿qué pasó?

22 de marzo de 2023

Tal como lo había anticipado SEMANA, el Senado de la República empantanó este miércoles el debate de la reforma al Código Electoral, radicada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Para este miércoles estaba previsto que el Congreso retomara la discusión de esta iniciativa que sufrió tropiezos en noviembre del año pasado y terminó siendo aplazada para este 2023, en medio de quejas en contra del registrador nacional, Alexánder Vega.

Si bien en ese momento el Gobierno tuvo que ceder y retirar el mensaje de urgencia que le había puesto al proyecto, la molestia de algunos congresistas con esta iniciativa se mantiene, a tal punto que este miércoles solo se pudo avanzar en la aprobación de la ponencia, pero no se logró aprobar ni uno solo de los artículos.

Luego de más de tres horas de debate y cuando ya se iba a empezar la discusión, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, presentó una proposición para aplazar la discusión para evitar que sea “pupitreado” y se pueda discutir con calma.

Esta propuesta fue aprobada y la discusión quedó para este jueves, cuando se tendrá que retomar el articulado.

No obstante, aquí viene el otro elemento: el proyecto, que consta de 271 artículos, recibió 100 proposiciones de modificación, lo que indica que la discusión se tornará engorrosa y el texto, si es que sobrevive, saldrá muy diferente a como lo presentó el Gobierno.

Una de las principales quejas de los congresistas es la inclusión de varios artículos que no tendrían nada que ver con la modernización de los procedimientos para ejercer el voto en los comicios electorales, como, por ejemplo, todo un capítulo sobre el registro civil de los ciudadanos.

Otras de las preocupaciones es que se desconoce el impacto fiscal y, según diferentes artículos, se crean miles de cargos que, advirtieron congresistas en su momento, daría lugar a repartición de cuotas burocráticas. Se habla del nombramiento de más de 1.200 registradores regionales de libre nombramiento.