La disposición final de cadáveres hoy tiene enfrentados al Legislativo, a los gremios funerarios, a la Iglesia católica y a un grupo de siete empresas administradoras de parques cementerios que están organizadas en la Cámara Exequial de Colombia.
La semilla de este conflicto se denomina hidrólisis alcalina, un procedimiento mediante el cual los cadáveres son disueltos en una solución química que contiene 95 por ciento de agua y 5 por ciento de hidróxido de potasio o sodio.
Con temperaturas superiores a los 170 grados centígrados y la aplicación de altas presiones, los órganos desaparecen en menos de 180 minutos.
Lo que pareciera a simple vista un nuevo mecanismo para el manejo de restos humanos se convirtió en motivo de una controversia con dos caras: una que denota argumentos ambientales, religiosos, éticos y legales, que llevó, por ejemplo, en un primer momento al Ministerio de Salud a negar el concepto favorable para su implementación; y otra cara, la del millonario negocio que se esconde detrás de la hidrólisis alcalina.
Durante años, la actividad funeraria en Colombia ha funcionado bajo un modelo: velación, traslado y un destino final dominado por empresas tradicionales. El conflicto no estalló en el Congreso, donde un proyecto de ley que buscaba habilitar esta tecnología se paralizó en tercer debate en junio de 2025, en medio de preocupaciones y alertas por las implicaciones y consecuencias que traería.
El choque real se trasladó al terreno regulatorio, específicamente a un borrador de resolución publicado para comentarios por el Ministerio de Salud y Protección Social. La redacción final, según las pruebas aportadas a esta revista por el gremio funerario, terminó inclinando la balanza a favor de las empresas administradoras de cementerios y cerrando la puerta a una competencia.
En el Congreso, asociaciones de parques cementerios tradicionales, varios de ellos administrados por la Iglesia católica, también se opusieron abiertamente a la regulación y aprobación de la hidrólisis. No es un dato menor: esta red opera cerca de 2.800 cementerios en el país y, además, goza de exenciones tributarias, lo que fortalece su posición dominante en el mercado funerario.
El corazón del reclamo de los funerarios está en el artículo 30 del borrador de resolución. En la versión publicada para consulta pública en 2024, el texto permitía que las empresas de servicios funerarios implementaran nuevas tecnologías de destino final —como la hidrólisis alcalina— siempre que garantizaran “dignidad, minimización de riesgos y cumplimiento de la normativa sanitaria y ambiental vigente”.
Sin embargo, en el borrador de resolución expedido posteriormente, el mismo artículo cambió de sujeto. La facultad quedó en cabeza de la administración de los cementerios, no de las funerarias. El texto establece que solo ellos pueden incorporar otras tecnologías de destino final.
Aunque pareciera un trámite normal y en regla, lo cierto es que la expedición y publicación de ambos borradores de resolución para comentarios estuvieron marcadas por circunstancias que levantaron inquietud entre los gremios.
Ambos documentos, tanto el de 2024 como el de 2025, fueron publicados para comentarios el 25 de diciembre, en plenas festividades, y el plazo para dar opiniones se cerró el 31 de diciembre a las cinco de la tarde.
El malestar también apunta al proceso. Tras mesas de trabajo en las que se habría acordado un enfoque abierto y neutral, la versión final del borrador de la resolución eliminó disposiciones clave sin justificación técnica. El resultado, según los funerarios, es una norma que beneficia a un grupo reducido de actores y desconoce a un gremio que agrupa más de 500 entidades en todo el país.
Esto, sin dejar de decir que entre la primera y la segunda resolución, la posición del Ministerio de Salud cambió de concepto negativo a positivo.
Como ya lo había denunciado SEMANA, 61 días después de que el ministerio tuviera una postura negativa, apareció un concepto técnico favorable que estuvo antecedido por una reunión del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo con Alejandro Toro, representante del Pacto Histórico y principal promotor de la iniciativa a favor de la hidrólisis alcalina en el Legislativo.
Ahora bien, entender este tema también pasa por separar a los actores involucrados. Aunque el gremio de los funerarios asegura que la Cámara Exequial de Colombia tuvo que ver con la decisión del Ministerio de Salud de cambiar el concepto para que se concentrara el negocio en manos de los parques cementerios, esa asociación le respondió a SEMANA que no fue así. De hecho, a pesar del borrador de resolución, sostienen su postura negativa frente a la nueva tecnología para la disposición de cadáveres.
Para el gremio funerario, este giro no es un ajuste técnico, sino una decisión estructural que reconfigura el mercado.
“El servicio funerario es un proceso continuo e indivisible”, advierten. Fragmentarlo, como ellos lo explican, rompe la trazabilidad sanitaria, limita la libre competencia y reduce la capacidad de elección de las familias en uno de los momentos más vulnerables de sus vidas.
SEMANA tuvo acceso al documento que la Cámara Exequial de Colombia le envió al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el 29 de diciembre de 2025, antes de que se cerrara el periodo para comentarios sobre la resolución. En ese documento, la asociación reconoce la “finalidad loable del proyecto”, pero le señala al ministerio que no tiene las competencias para regular el uso de una técnica que no es legal en Colombia y que va en contravía del Código Sanitario.
En pocas palabras, agradece que el ministerio considerara que los cementerios eran los apropiados para implementar la hidrólisis, pero mantiene su postura de que la nueva tecnología no cuenta con una regulación específica. Además, advierte que lo contemplado en los artículos 30 y 31 del borrador de decreto no es suficiente para mitigar el riesgo sanitario.
¿Cuestión de precios?
Las cifras ayudan a explicar parte de la tensión. Hoy, un servicio de destino final en cementerios tradicionales puede costar entre 3,5 y 3,8 millones de pesos.
Bajo el esquema propuesto, una funeraria podría ofrecer hidrólisis alcalina por valores que irían entre 600.000 y 900.000 pesos.
Según las funerarias, esto se suma a un elemento estructural: muchos de los cementerios que lideran la oposición a la técnica están agrupados en la Cámara Exequial, integrada por siete parques que, de acuerdo con la denuncia, han promovido información técnica “cuestionable” para frenar la adopción de nuevas tecnologías.
Sin embargo, esto conviene revisarlo con lupa. La Cámara Exequial le dijo a esta revista que el tema de los costos de la operación de la hidrólisis es una “falacia”. Explicó que, aunque técnicamente es cierto que es más barata, también implica que la operación se realice con varios cuerpos al mismo tiempo para reducir precios.
Por otro lado, aunque desde el gremio funerario aseguran que la resolución beneficia a los cementerios, la Cámara Exequial plantea otra óptica.
Según esa explicación, lo que buscarían las funerarias es ofrecer un servicio completo y concentrado en un mismo lugar: arreglo de los cadáveres, velaciones y disposición final mediante hidrólisis, todo en sus instalaciones.
Desde esa perspectiva, la hidrólisis —que solo requeriría un espacio moderado para ubicar la máquina— permitiría que todo el proceso quedara bajo control de las funerarias y eliminaría la necesidad de contratar a un parque cementerio para inhumar o cremar un cadáver.
Versiones cruzadas
La hidrólisis alcalina no es una tecnología experimental ni marginal.
Está regulada y en funcionamiento en al menos 28 estados de Estados Unidos, así como en Canadá, México, Australia, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido e Irlanda. En Colombia, incluso, se utiliza desde hace más de cinco años para la disposición final de mascotas.
Lo que está en juego no es solo una tecnología. Es el control de un mercado millonario, la definición de quién puede ofrecer el destino final de los cadáveres y bajo qué condiciones.
Además, todo el escenario en el que se expidieron los dos borradores de resolución deja un tufillo en el aire de lo que, según el gremio funerario, sería una red de lobby en el Congreso y en el Ministerio de Salud para que la técnica quede en manos de la Cámara Exequial de Colombia.
Desde la Cámara, sin embargo, aseguran que no hay lobby. Sostienen que no apoyan la implementación de la hidrólisis por ningún actor del sector, ni siquiera por ellos mismos, y que, de aprobarse en el Congreso como ley de la república, lo único que buscan es que se haga bien y reduciendo todos los riesgos sanitarios.
