La senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, se ha convertido en una de las dirigentes políticas que más ha puesto la lupa sobre los procesos contractuales que ha adelantado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Este miércoles, 30 de septiembre, Posada hizo una nueva denuncia a través de sus redes sociales.
“¿Se acuerdan que hace dos días la ONU pidió que no se recortara el presupuesto de la JEP para 2027? Pues bien, no hay almuerzo gratis (…)”, escribió textualmente en su cuenta oficial de X.
Entre 2018 y 2026, según Posada, la Jurisdicción Especial para la Paz firmó 22 convenios de cooperación internacional con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “que nos han costado a los colombianos $182.120 millones”.
“La ONU, por transparencia, debió informar a la opinión pública que tenía un evidente conflicto de intereses al solicitar que no se disminuyeran los recursos de la JEP”, agregó.
Además, afirmó: “Para suavizar las cifras, en estos convenios el PNUD se comprometió a aportar $132.943 millones, pero casi siempre en especie. Es decir, el costo real lo terminaron asumiendo los contribuyentes”.
La JEP, a juicio de María Clara Posada, “debería ser más inteligente y no pedirle respaldo a su megacontratista favorito”.
Este martes, 29 de septiembre, la congresista del Centro Democrático también reveló nuevos hallazgos en el tribunal de justicia transicional que nació tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las Farc.
“El derroche de la JEP en contratos de arrendamiento no para”, opinó Posada.
Informó que, además de haber contratado el edificio Torre Squadra por $160.005 millones entre 2017 y 2026, incluidos los primeros contratos suscritos por el Fondo Colombia en Paz, “en 2024 la JEP contrató una segunda sede por $10.730 millones entre 2024 y 2026″.
Dijo, además, que “recordemos que la Agencia Virgilio Barco justificó la elección de Torre Squadra en 2017 porque la JEP debía funcionar en una sola sede, razón por la que descartaron otras opciones más baratas que incluían varios edificios. Pero, en últimas, eso terminó pasando”.
La JEP —según contó la senadora— “argumentó que su planta de personal había crecido a 1.455 personas en 2024, por lo cual debían ubicar los 402 cargos sobrantes de la Unidad de Investigación en otra sede”.
Dijo que en 2017, cuando la Agencia Virgilio Barco seleccionó Torre Squadra, proyectó una nómina de 1.057 personas.
“Esta es una dinámica perversa con los recursos públicos: dispararon la nómina para justificar la contratación de una nueva sede. Para haber terminado fraccionados, se hubiera podido elegir desde el inicio una sede principal más barata y distribuida en varios edificios, como ocurre con gran parte de las entidades del Estado. Y aun así tienen el descaro de poner el grito en el cielo por un recorte de $170.000 millones para 2027″, denunció.