La Ley de Sometimiento superó este martes 3 de noviembre su último obstáculo en el Congreso. Después de una jornada de más de 15 horas de discusión en la Cámara de Representantes y de un debate que horas antes había terminado en el Senado, el proyecto del Gobierno de Abelardo De La Espriella quedó aprobado en las dos corporaciones.
La plenaria de la Cámara le dio el sí con 95 votos a favor y 10 en contra, mientras que en el Senado la iniciativa había obtenido 57 votos positivos y 24 negativos.
La votación en la Cámara tuvo un movimiento decisivo en sus últimos momentos. Aunque el proyecto ya había avanzado en la discusión, los representantes resolvieron reabrir el artículo 2 para modificar su redacción y acoger exactamente el texto que había aprobado el Senado.
La decisión evitó que las dos corporaciones terminaran con versiones distintas, una situación que habría obligado a una conciliación para armonizar los textos entre las dos cámaras.
Con ese ajuste, el articulado quedó igual en Senado y Cámara. En consecuencia, la iniciativa no tendrá que regresar a una nueva discusión entre conciliadores y terminó su trámite por el Legislativo. El paso que sigue es la sanción del presidente De La Espriella para que pueda convertirse formalmente en ley de la República.
El proyecto busca establecer un marco jurídico para que integrantes de organizaciones criminales puedan someterse a la justicia bajo condiciones determinadas por el Estado, con beneficios judiciales sujetos al cumplimiento de compromisos.
Sin embargo, durante su paso por el Congreso, la propuesta sufrió modificaciones que endurecieron algunas de las exigencias para quienes pretendan acogerse al mecanismo.
Los cambios del texto
Uno de los principales cambios está relacionado con el lavado de activos. El tiempo mínimo de pena que deberá cumplirse para acceder al tratamiento penal diferenciado pasó de uno a seis años. La modificación aumenta el requisito para quienes hayan incurrido en ese delito y busquen obtener los beneficios contemplados en la ley.
También se estableció una exclusión expresa para los responsables de reclutamiento ilícito de menores. No podrán acceder al tratamiento penal diferenciado quienes hayan sido condenados por esa conducta o sean responsables de reclutar a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.
Otro ajuste eliminó la disposición que contemplaba la utilización de gastos reservados del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).
En el componente territorial, además, se determinó que departamentos y municipios no tendrán que asumir las cargas económicas derivadas de los procesos de sometimiento. La coordinación de esas actuaciones quedará en manos del Ministerio de Justicia.
Las condiciones de reclusión también quedaron delimitadas. El texto establece que las personas que accedan a los beneficios deberán permanecer en centros de reclusión regidos por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con lo que se mantiene la restricción efectiva de la libertad dentro del sistema penitenciario.
En cuanto a las sanciones, el Congreso incorporó una pena mínima de diez años para quienes hayan ejercido funciones de mando dentro de las estructuras criminales. A esto se suma un esquema de reducciones diferenciadas según el nivel de responsabilidad.
Los integrantes de base podrán recibir una rebaja del 50 por ciento de la pena, mientras que para los cabecillas la reducción será del 30 por ciento.
Los siete cambios fueron explicados durante el trámite por el senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, quien actuó como ponente de la iniciativa en esa corporación.
Tras la aprobación definitiva, Cadavid agradeció a los representantes por el trabajo realizado y sostuvo que comienza una nueva etapa para recuperar la seguridad del país.
Agradecemos a nuestros compañeros de la Cámara de Representantes por el trabajo realizado y el compromiso con la Ley de Sometimiento que acaba de ser aprobada. Inicia una nueva etapa para recuperar la seguridad del país.
— Hernán Cadavid (@hernancadavidma) November 4, 2026
El país político reaccionó
Las reacciones políticas se concentraron en el contraste entre el nuevo mecanismo y la política de Paz Total del anterior Gobierno. El representante de Cambio Radical, Julio César Triana, calificó la aprobación como “un gran día para Colombia” y aseguró que con ella se acaba “el festín de prebendas e impunidad que el anterior gobierno les dio a las estructuras criminales”.
También sostuvo que dejarán de existir los llamados gestores de paz y las suspensiones de órdenes de captura y extradición que, según su interpretación, caracterizaron esa política.
Daniel Briceño, coordinador ponente en la Cámara, celebró la votación y escribió que “la paz total de Petro llegó a su fin y esa es una gran noticia para el país”.
Aprobada la ley de sometimiento de la cual tuve el honor de ser coordinador ponente.
— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) November 4, 2026
La paz total de Petro llegó a su fin y esa ea una gran noticia pata el país.
Gracias a todos pic.twitter.com/hvdtbRMqmM
El representante Víctor Manuel Salcedo, por su parte, destacó que la aprobación se produjo a las 11:35 de la noche, después de más de 20 horas de discusión, y afirmó que la ley establece una nueva hoja de ruta para la política jurídica y de seguridad de los próximos cuatro años.
El presidente Abelardo De La Espriella también reaccionó a través de sus redes sociales. “¡HABEMUS LEY DE SOMETIMIENTO!”, escribió, al tiempo que reconoció el trabajo del ministro de Justicia, Iván Cancino, y agradeció al Congreso por la aprobación. El mandatario aseguró que “la falsa paz total llegó a su fin” y presentó la iniciativa como un paso para fortalecer la justicia y la seguridad.
¡HABEMUS LEY DE SOMETIMIENTO!
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 4, 2026
Mi agradecimiento y reconocimiento al ministro de Justicia, Iván Cancino, por su extraordinario trabajo, compromiso y dedicación para sacar adelante esta importante iniciativa.
Gracias también al Congreso de la República por la aprobación de la…
Con la aprobación de las dos plenarias y la unificación del artículo 2, el Gobierno consiguió cerrar el trámite legislativo de una de sus principales apuestas en materia de seguridad.
La discusión deja ahora de estar en manos del Congreso y pasa al despacho presidencial, donde el proyecto espera la sanción que permitirá su entrada en vigencia.