La Ley de Sometimiento del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella se convirtió en un “reverzaso” para la paz total que promovió el expresidente Gustavo Petro. Frente a esa situación, el Consejo de Política Criminal decidió respaladar al nuevo Gobierno con su iniciativa, pero fijó una líneas rojas sobre temas relacionados con penas, cárceles, víctimas e inversión presupuestal.
Desde las observaciones de cáracter político criminal del proyecto de la Ley de Sometimiento, los integrantes del Consejo emitieron una “valoración favorable” frente a la orientación de la iniciativa, dejando como primera prioridad el incremento del 90 % de los integrantes de grupos armados ilegales y terroristas entre diciembre de 2022 y julio de 2026.
Justo en ese periodo de tiempo fue cuando el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro, puso en marcha la política de paz total con la que pretendía desmantelar grupos armados ilegales, recuperar territorios azotados por la violencia y disminuir el poder criminal en varias regiones del país.
Sin embargo, desde el Consejo de Política Criminal calificaron como “llamativo” que ninguno de los procesos abiertos con la guerrilla del ELN, las disidencias de las Farc, las estructuras de Buenaventura, Quibdó, el Valle de Aburrá, el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra “avanzó hacia su desarme real y total sino, por el contrario, varios de esos grupos ampliaron su control territorial”.
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— Revista Semana (@RevistaSemana) October 23, 2026
Así mismo, los miembros de ese órgano asesor del Ejecutivo también explicaron que los datos expuestos en los motivos mostraros que “las formas más visibles de violencia”, como homicidios, masacres y ataques terroristas, “no se redujeron durante la paz total de Petro”, sino que crecieron junto a otras actividades como la extorsión, el reclutamiento forzado y las amenazas.
Pese a que los integrantes del Consejo dieron su concepto favorable al proyecto de la Ley de Sometimiento, desde la Fiscalía y la Defensoría, integrantes de esta instancia, hicieron reparon frente a los vacios de algunos articulados.
La Fiscalía cuestionó la falta de claridad en la rebaja de penas propuestos en los artículos 16 y 17 y pidió definir si se trata de topes fijos o si existirán condiciones frente a la información que entregue para conocer la verdad y conseguir el desmantelamiento real de la estructura.
El ente investigador liderado por Luz Adriana Camargo también solicitó regular la forma en que se acreditará los listados de los integrantes de dichas estructuras para evitar un fenoméno que se ha presentado en procesos pasados: los “falsos colados”.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo alertó que esa iniciativa necesita nuevos recursos reales para impulsar ideas como las cárceles productivas en varias regiones del país.
El concepto de la Comisión de Política Criminal se conoce mientras el Congreso de la República trata de sacar adelante una de las principales iniciativas del Gobierno De La Espriella antes de que se venza el plazo para aprobación.