La defensa de Miguel Quintero, el hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, interpuso una acción de tutela contra el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), el Ministerio de Justicia y la Presidencia de Colombia por su traslado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá.
El abogado Felipe Alzate, representante legal de Miguel Quintero, denunció que esa decisión “constituye una forma de instrumentalización política” e hizo duros reparos sobre la facultad que tiene el Inpec para ordenar traslados en Colombia.
Alzate confirmó la acción de tutela contra el Inpec, el Ministerio de Justicia y la Presidencia de la República, por el traslado a la cárcel de seguridad de Cómbita, en Boyacá, alegando que esa ubicación lo deja a cientos de kilómetros de su domicilio, de su familia y del lugar en donde se adelanta el proceso judicial en su contra.
En ese recurso, precisó la defensa del hermano del exalcalde de Medellín, que Colombia es un Estado social de derecho con garantías sobre la dignidad humana, independientemente de la condición, procedencia, los vínculos familiares o las circunstancias políticas del procesado.
Bajo esas circunstancias, aclaró que una medida privativa de la libertad no constituye una condena “ni autoriza tratamientos que puedan convertirse en mecanismos de exposición, escarnio o reproche público”.
El abogado de Quintero Calle recordó que el Inpec, entidad adscrita al Ministerio de Justicia, tiene la facultad de ordenar traslados de presos, pero cuestionó que esa decisión “no es discrecional, caprichosa, ni puede convertirse en una forma de persecución política.
Miguel Quintero Calle fue enviado a prisión domiciliaria por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín, en medio del proceso por el presunto entramado de corrupción relacionado con millonarios contratos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Así fue como pasó de estar en prisión domiciliaria a ser trasladado en un avión de la Policía hasta Cómbita, en Boyacá, para que cumpliera esa decisión del juez en la cárcel de máxima seguridad de ese municipio.
Sin embargo, para el abogado Alzate “su reclusión en Boyacá constituye una forma de instrumentalización política, lo separa de su núcleo familiar, en especial de su hija menor de edad, y lo aleja de sus abogados y de las audiencias, con grave afectación a sus derechos de defensa y debido proceso”.
La defensa del hermano del exalcalde recordó que las altas cortes han indicado que ese tipo de traslados debe estar motivado por circunstancias probadas y razonables, y debe respetar el debido proceso, el derecho a la defensa y la unidad familiar.