Un nuevo escándalo involucra a la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona, luego de que se conocieran contratos celebrados con entidades del Gobierno por su hermano, Salim Kadamani, y su madre, Alexandra Fonrodona Montoya.
Tras la divulgación de la información, que fue destapada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, la ministra emitió un comunicado en el que se refirió a los señalamientos.
“No he intervenido ni incidido en ningún proceso de contratación en los que hayan participado mi madre o hermano. De acuerdo con la normativa colombiana vigente, las inhabilidades por parentesco se configuran únicamente cuando existe relación directa con la entidad o sector sobre el cual el servidor público ejerce autoridad, intervención o control. En los casos sobre lo que se especula, no se presenta ninguna de esas condiciones. Por tanto, no hay restricción legal que impida su eventual vinculación contractual con el Estado en ámbitos distintos al sector bajo mi responsabilidad”, dice inicialmente.
En el documento, la funcionaria sostuvo que no existe impedimento jurídico para que sus familiares celebren contratos con el Estado, donde su mamá ha firmado seis contratos que suman casi 600 millones de pesos, de los que tres fueron suscritos durante enero de 2026 y alcanzaron el valor de 313 millones de pesos.
“Efectuadas esas precisiones, no existe incompatibilidad, inhabilidad ni conflicto de interés alguno en la posibilidad de que mi hermano o mi madre sean contratados por entidades del Estado. Se trata de profesionales con trayectoria propia en un campo especializado, quienes —como cualquier ciudadano colombiano— tienen derecho a ejercer su profesión y a participar en procesos contractuales conforme a la ley”, se lee en el documento.
La ministra también señaló que el parentesco fue reportado en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) y en las declaraciones correspondientes.
“Ahora bien, respecto de la declaración de parentesco de mis familiares, la misma se ha realizado en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) como lo son: la hoja de vida y declaración de bienes y rentas; así mismo lo he declarado, conforme con el Decreto 830 de 2021, como persona públicamente expuesta. Estos registros son públicos y está a disposición de todos los ciudadanos colombianos. Respecto de la Ley 2013 de 2019, insisto que no tengo ningún conflicto de interés que declarar”, agregó.
Finalmente, el comunicado indicó: “Las insinuaciones de irregularidad carecen de fundamento jurídico y desconocen principios básicos del derecho administrativo colombiano, así como el derecho al trabajo y al ejercicio profesional de cualquier ciudadano. Reitero mi compromiso con la transparencia, la legalidad y el respeto por las instituciones, e invito a que el debate público se sustente en hechos verificables y en la correcta interpretación de la ley, evitando afirmaciones que puedan generar desinformación en la ciudadanía”.