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Ingrid Betancourt Exsecuestrada y excandidata presidencial.
Ingrid Betancourt, exsecuestrada y excandidata presidencial. - Foto: afp

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“No reparan a las víctimas”: Ingrid Betancourt reacciona a las sanciones que tendrían los exjefes de las Farc por secuestro

La excandidata presidencial pidió justicia restaurativa y reparadora para quienes fueron víctimas del grupo guerrillero.

La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la Justicia Especial para la Paz (JEP) propuso una sanción de 5 a 8 años para el secretariado de las extintas Farc por los secuestros cometidos.

Sin embargo, Ingrid Betancourt, secuestrada por ese grupo armado durante más de 6 años, se manifestó en contra de este planteamiento.

“Se trata más de unas sanciones simbólicas que de una verdadera restauración a las víctimas”, manifestó Betancourt sobre quienes perpetraron el secuestro de más de 21.000 personas, incluyéndola.

A su vez, la líder del Partido Verde Oxígeno aseguró que si bien se aceptó que no habría penas intramurales para los exguerrilleros, también existe la posibilidad de la casa por cárcel para evitar impunidad.

“Acciones sancionatorias como trabajar en parques como el Sumapaz, o producir audiolibros, las desarrollan muchos jóvenes y personas voluntarias, sin que hayan cometido el menor delito. Las sanciones deben ser restaurativas para la sociedad, no simbólicas, y para ser restaurativas deben ser ejemplarizantes de manera que se desincentiven estos crímenes”, sostuvo la exsecuestrada.

Además, la excandidata presidencial aseguró que falta “muchísima verdad” por revelar dentro del proceso demarcado por el Acuerdo de Paz, por lo que invitó “a los integrantes del exsecretariado y autores intelectuales de su secuestro y el de miles de colombianos a revelar todos los aspectos relacionados con estos crímenes de lesa humanidad”.

De acuerdo con Betancourt, estos líderes de la extinta guerrilla fueron quienes dieron la orden a sus subalternos de llevar a cabo los secuestros como forma de financiación para las actividades ilegales.

“Por lo que sanciones simbólicas no es lo que estamos esperando sus víctimas. Lo que queremos es justicia restaurativa y reparadora de verdad”, agregó.

Incluso, Betancourt se refirió a las conversaciones que recién inicia el Gobierno con el ELN, las cuales dependerían en términos de credibilidad de lo que resulte de este proceso: “De la legitimidad de condenas que se impongan en este Caso 01 en la JEP va a depender en gran medida la credibilidad, el éxito o el fracaso de las negociaciones que se iniciaron esta semana con el ELN”.

La propuesta de la JEP

Recientemente, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la Justicia Especial para la Paz (JEP) recomendó que la sanción para los exjefes de la antigua guerrilla de las Farc ronde de los cinco a los ocho años.

El rol de cada uno variará según el proyecto asignado, ya que es muy posible que para alcanzar la ejecución de sanciones de cinco a ocho años se deban desarrollar varios proyectos que deberán ser delimitados y financiados anualmente, por lo que la delimitación a detalle por parte de los roles de cada compareciente resulta infructuosa”, señala uno de los apartes de la resolución.

Y agrega el documento: “En el mismo sentido, las restricciones a libertades y derechos también corresponderán a cada proyecto en particular, materializadas en el establecimiento de horarios, lugares de residencia y de restricción de la circulación para los comparecientes”.

“Esta variación corresponde también a la naturaleza del proyecto planteado, que contempla eventualmente la participación de todos los comparecientes seleccionados en el Caso No. 01, y en la medida que continúe la imputación y remisión de máximos responsables se podrán, probablemente, formular proyectos de distinta índole para ser adelantados de manera colectiva”, advierte la sala de la JEP.

En el análisis del caso se indicó que, frente a la duración de la sanción, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas recomendó que sea de ocho años para todos, salvo para Rodrigo Granda, para quien calcula que debería ser de cinco años de sanción “por no haber tenido mando directo sobre la tropa, manteniendo así la proporcionalidad de la duración de la sanción”, se expresa en el documento.