Partido Conservador solicitó rectificación a secretario de Transparencia por informe de candidatos que estarían inhabilitados

El informe que entregó en las últimas horas el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, no cayó muy bien en varios sectores que lo han criticado por lo que presentó. Uno de ellos fue el Partido Conservador, desde donde emitieron un comunicado rechazando que uno de sus candidatos fuera mencionado en este documento.

“Desde el Partido Conservador pedimos al Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, una rectificación inmediata de la acusación temeraria que realizó sobre nuestro candidato a la alcaldía de Melgar Rodrigo Hernández”, solicitaron desde la colectividad.

A través de una carta, el presidente del Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda, pidió una rectificación de la información brindada por el alto funcionario del Gobierno en las últimas horas en un informe que presentó y en el que mencionó a Hernández.

“En aras de propiciar unas elecciones libres y transparentes, considero importante que su despacho actúe conforme a lo que dispone la ley, y en ese sentido, tenga en cuenta el documento de renuncia que nuestro candidato presentó de manera oportuna el día 28 de junio de 2022 al cargo de gerente de Empumelgar y que fue recibida con el radicado número 001525 de la misma fecha, razón por la cual no suscribió contratos después de dicha renuncia”, reclamó Cepeda.

El senador y presidente de la colectividad aseguró que se trata de una “acusación temeraria” y que redunda de forma negativa en la percepción de la opinión pública sobre su candidato. “No puede ser la dirección que usted lidera, la que promueva acusaciones infundadas como el que se evidencia en este caso, aun cuando esta facultad reposa de manera exclusiva en cabeza del Consejo Nacional Electoral, razón por la cual solicito formalmente a su despacho a que se rectifique de manera inmediata la acusación”, señaló el senador conservador.

El congresista pidió que se siga trabajando para fortalecer las políticas públicas para generar dinámicas de transparencia y un gobierno abierto al país.

Otra de las que criticó el informe fue la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde. La congresista le pidió al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pronunciarse sobre este informe. “Es imprescindible que el Gobierno, en cabeza del ministro del Interior, aclare las facultades de policía política que está ejerciendo contra todos. Yo le pido al ministro que nos diga por qué están ejerciendo de policía política, persiguiendo a la Alianza Verde, al partido Conservador, al Liberal y a Cambio Radical. Porque están señalando desde la Presidencia de la República de constreñimiento al elector”, aseguró Lozano.

Por su parte, Velasco respondió desde la plenaria del Senado rechazando este informe. Dijo que lo presentado por su colega “no es pertinente ni prudente”. Según explicó el jefe de la cartera del Interior, desde el Congreso, cualquier ciudadano puede tener una “opinión” sobre quién está o no habilitado, pero deberán ser los organismos competentes quienes lo determinen.

“Pero quienes ostentamos cargos de tan alta dignidad tenemos que entender que si nuestra opinión va contra los intereses, no de uno, no de cien, sino de más de 500 candidatos, el camino más expedito, más lógico que debemos actuar o transitar es el de llevar esa opinión respetuosamente ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que sea el CNE quien tiene que decirnos quién está habilitado o quien está inhabilitado”, reconoció Velasco.

Por su parte, desde el Centro Democrático también se mostraron en contra del informe presentado por Idárraga. Lo calificaron de “inexacto y tendencioso”. Igualmente, cuestionaron que sea expuesto a pocos días de las elecciones regionales.

“Sorprende que a 13 días de las elecciones, dicha entidad del Gobierno nacional publique este informe que, entre otras cosas, desborda su competencia de acuerdo con la Constitución y la Ley, por cuanto las únicas entidades encargadas de determinar si un ciudadano se encuentra inhabilitado para aspirar a un cargo de elección popular son el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General de la Nación y los jueces de la República”, aseguraron desde la colectividad de oposición.

En el Centro Democrático dijeron que tienen un riguroso y estricto proceso de evaluación en el que, para escoger a sus candidatos, primero investigan en el Secop si ha firmado contratos, si tiene antecedentes en la Procuraduría, entre otras revisiones. Por ejemplo, en el caso del candidato al Concejo de Medellín, Jorge Julián Osorio, exrector de la Universidad CES, se evidenció que no había firmado contratos con el Distrito de Ciencia y Tecnología en plazos no permitidos. Por eso, pidieron verificar a la Secretaría de Transparencia la información que brindó.