Trascendió que el presidente de la República, Gustavo Petro, firmó un decreto con el que oficializa un aumento salarial para senadores y representantes a la Cámara, el cual desatará varias reacciones en el país.
Se trata del decreto 0550 del Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual establece un reajuste salarial del 10.88 %, lo que traduce que ahora los congresistas recibirán un ‘jugoso’ pago mensual superior a los $ 47 millones.
“Que el vicecontralor, en funciones del contralor general de la República, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 187 de la Constitución Política y el artículo 10 de la Ley 644 de 2001, con base en los decretos expedidos por el Gobierno nacional mediante los cuales fijó las escalas de remuneración de los servidores de la administración central señaló, a través de certificación expedida el 15 de marzo de 2024, que el promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central nacional, para la vigencia fiscal de 2024, fue de diez punto ochenta ocho por ciento (10.88 %)”, expresa el documento firmado por el jefe de Estado.
También se desprende del decreto: “Las oficinas de pagaduría de la honorable Cámara de Representantes y del honorable Senado de la República, expedirán la certificación detallada de los emolumentos que, en virtud del reajuste salarial fijado en el presente decreto, devenguen los miembros del Congreso para la vigencia fiscal del presente año”.
“El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 1219 de 2023, y surte efectos fiscales a partir del 10 de enero de 2024″, expresa el documento, que también tiene la firma del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Esa medida del Gobierno nacional ha llamado la atención de las redes sociales, ya que el aumento se firmó en medio de las discusiones en el Congreso de la República de las polémicas reformas sociales, las cuales han tenido un accidentado paso por el Legislativo.
Cabe recordar que, el año pasado, el presidente Gustavo Petro desató una tormenta cuando firmó el decreto que estableció, en esa ocasión, el aumento de los salarios de los congresistas.
En esa oportunidad, aunque algunos sectores de oposición al Gobierno consideraron que el jefe de Estado buscaba un incentivo para que los legisladores aprobaran el grueso de sus controvertidas reformas estructurales en el segundo semestre de ese 2023, el escenario tiene un tinte más legal, según informaron desde el palacio presidencial.
La razón obedece a que el salario de los congresistas es un tema que quedó ‘amarrado’ jurídicamente desde la Constitución Política de 1991, porque el aumento anual es una obligación que establece el artículo 187 de la carta política.
De acuerdo con dicho artículo, “la asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año, en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el contralor general de la República”.
Es decir, legalmente, es obligación del presidente de turno realizar los incrementos debidos a los congresistas durante cada año, más allá de sus intereses y la agenda legislativa. De lo contrario, podría terminar demandado constitucionalmente.
Una congresista consultada por SEMANA, quien pidió omitir su identidad, dijo que Gustavo Petro podría derogar esos decretos. Otras fuentes coinciden en que él tiene la facultad para hacerlo, “porque en derecho se deshace lo que se hace”, pero estaría pasando por encima de la Constitución y, además, le pondría un freno de mano a sus reformas en el Congreso.