Presidente Petro irá a la Corte Constitucional a defender declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira

El presidente Gustavo Petro irá el próximo viernes 11 de agosto a la Corte Constitucional en horas de la mañana a responder en una audiencia por su declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira, anunciada recientemente para atender la fuerte crisis que se vive desde hace tiempo en ese departamento.

La audiencia será desde las 8 a. m. hasta las 6 p. m. y habría sido citada desde la Presidencia de la República. Será presidida por la magistrada ponente, Natalia Ángel Cabo e incluirá a representantes de entidades públicas, miembros de la sociedad civil y expertos sobre el cambio climático.

Según informó la Presidencia, Petro expondrá las razones por las que tomó la decisión de emitir el Decreto 1085 de 2023, el pasado 2 de julio, con el que hizo esa declaratoria por 30 días, luego de que despachara durante esa semana desde el norte del país.

“Creo que es absolutamente pertinente decretar la Emergencia Económica y Social porque se avecina una calamidad pública, porque todas las probabilidades de los modelos climáticos, que las instituciones dedicadas a ese menester nos dicen, nos están anunciando con cada vez mayores probabilidades la cercanía de una sequía que nunca antes se había visto en La Guajira”, aseguró Petro cuando se encontraba en esa región.

El mandatario afirmó que esa crisis se evidencia por falta de acceso a servicios básicos vitales como consecuencia de la escasez de agua potable para consumo humano, crisis alimentaria, efectos del cambio climático, problemas de infraestructura, entre otros.

Según el Gobierno, estas medidas buscan garantizar la seguridad y soberanía alimentaria en La Guajira “a través de la financiación, comercialización, transporte, almacenamiento, venta o distribución de productos agropecuarios, y titulación de tierras”, informaron.

La diligencia de la Corte Constitucional se ha desarrollado bajo cuatro ejes temáticos. El primero es el diagnóstico de la situación en La Guajira. El segundo, el alcance y consecuencias del cambio climático y sus efectos en el departamento. Tercero, las medidas para conjurar los impactos del cambio climático. Y cuarto, la democracia y los estados de emergencia en el contexto del cambio climático.

Además, se analizará la incidencia de las olas de calor ocasionadas por el fenómeno de El Niño, que aumenta las temperaturas en ciertas zonas, como el norte de Colombia.

En la audiencia, además de darle el espacio inicial al presidente de la República para que explique las razones que justificaron la expedición del decreto, se escuchará a los representantes de entidades públicas, miembros de la sociedad civil, así como expertos y expertas en la materia de cambio climático y derecho constitucional, en el orden que señala la siguiente agenda preliminar.

“Por eso, valorado, evaluado, discutido entre juristas, entre miembros del Gobierno y con ustedes, creo que es absolutamente pertinente decretar la emergencia económica y social porque se avecina una calamidad pública”, aseguró Petro para defender su decisión.

El decreto ha sido objeto de diferencias entre las ramas del poder público. La procuradora Margarita Cabello se declaró impedida para conocer la revisión de la constitucionalidad del decreto emitido por Petro en el departamento.

Precisamente, lo hizo en un escrito enviado a la Corte Constitucional, en el que la procuradora general dijo que al hacerlo podría incurrir en una causal de impedimento denominada “interés en la decisión”, ya que cuando se desempeñó como magistrada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en julio de 2016, fue ponente de la tutela que declaró el estado de cosas inconstitucionales en La Guajira, que se relaciona directamente con los decretos expedidos por la Presidencia de la República.

En el 2021 la Corte Constitucional aceptó el impedimento para la participación del fallo de tutela, pero por ahora no ha habido pronunciamiento en el caso de Petro. Si se llega a aceptar, deberá ser manejado por el viceprocurador general.