Una de las novedades que tendrá el Congreso a partir de este 20 de julio es la llegada de los 16 representantes de las víctimas, elegidos el pasado 13 de marzo, por mandato del acuerdo de La Habana.
Desde finales del año pasado, el Gobierno nacional tuvo que girar a la Cámara de Representantes 50.000 millones de pesos para tener todas las condiciones para la llegada de los 16 nuevos congresistas: remodelar el salón Elíptico, las comisiones constitucionales y legales, la construcción de las 16 nuevas oficinas, la adaptación del sistema y una adecuación tecnológica.
Además, se tuvo que hacer una apropiación presupuestal para entregarles, a partir del 20 de julio, camionetas, esquemas de seguridad, tiquetes aéreos, asesores y su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
Sin embargo, al Congreso saliente se le pasó un pequeño detalle: adaptar la ley para que los representantes de las víctimas tengan cabida en las siete comisiones constitucionales.
Es decir, si bien ya se adecuaron los puestos físicamente hablando, desde el punto de vista legal aún no tienen cabida en las comisiones, pues la normativa que rige al Congreso es explícita en determinar cuántos miembros debe tener cada célula legislativa y esta ley no ha sido aprobada en su totalidad.
En medio de la premura, el Congreso saliente aprobó un proyecto, presentado hace tres meses, para modificar la Ley 3ª de 1992, con el fin de ampliar la composición de todas las comisiones constitucionales.
Lo que se aprobó es que debe haber dos representantes de víctimas en cada comisión, y tres en las comisiones primera y quinta.
Sin embargo, a pesar de que la iniciativa fue aprobada por el Senado y la Cámara, los anteriores congresistas se fueron de vacaciones sin haber hecho la conciliación del texto, es decir, el proyecto aún no se ha convertido en ley.
De esta manera, el nuevo Congreso tendrá que citar a las plenarias para hacer la conciliación y que el texto vaya luego a revisión de la Presidencia de la República para que sea sancionado por el presidente Iván Duque. Este proceso puede tardar fácilmente más de una semana, tiempo en el cual las víctimas no podrán ingresar a las comisiones constitucionales.
Este no es un hecho menor, pues en las comisiones es donde se discuten los proyectos en primer debate. Hay decenas de iniciativas que nunca llegan a las plenarias, pues se hunden en el trámite de las comisiones.
Adicionalmente, la próxima semana será la elección de las mesas directivas de todas las comisiones constitucionales, si para ese momento no se ha sancionado la ley, las víctimas no podrían participar en esta votación.
En todo caso, el hecho de que las víctimas lleguen al Capitolio Nacional es muy significativo. Es la materialización del acuerdo de La Habana, en el que se acordó que los territorios que fueron impactados directamente por la violencia tenían derecho a 16 curules en la Cámara.
Esta será la primera vez que los 16 representantes de las víctimas aterricen en el Congreso. Está por verse hasta dónde estos congresistas logran actuar como bancada propia y no se dejan cooptar por las fuerzas políticas tradicionales, que estarán al acecho de estos votos para sus propios intereses.
El simbolismo de tener a las víctimas en el Congreso toma mayor relevancia con el hecho de que estarán frente a frente con sus victimarios, pues el Partido Comunes, de los ex-Farc, seguirá por los próximos cuatro años con sus cinco curules aseguradas en la Cámara y cinco en el Senado.
Si la bancada de víctimas se declara de gobierno, como se ha llegado a especular, estaría remando del mismo lado que los excombatientes de las Farc, que ya son parte de la coalición de Petro. Una imagen impensable hace 10 años.