Ricardo Roa, el peor librado tras millonaria sanción del CNE: la Comisión de Acusación le caerá encima y compulsará copias a la Fiscalía. ¿Seguirá al frente de Ecopetrol?

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, parece que tiene las siete vidas del gato, coinciden en los pasillos de la Casa de Nariño, porque su teflón ha aguantado varios terremotos y más de una réplica. Esta semana, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le dio un mazazo que podría, eventualmente, sacarlo de la compañía petrolera. O, al contrario, mantenerlo una vez más sin importar la reputación internacional y las consecuencias financieras para la empresa.

La Sala Plena del CNE lo sancionó porque cuando fue gerente de la campaña presidencial de Petro, en 2022, se violaron los topes electorales, es decir, no se reportaron casi 6.000 millones de pesos a Cuentas Claras. En palabras castizas, hicieron trampa para que ganara el líder de izquierda. Además, Roa tendrá que devolver 165 millones de pesos del pago del Movistar Arena, en Bogotá, el 19 de junio de 2022, día de las elecciones en segunda vuelta. El alto ejecutivo petrolero –según el CNE– cobró ese dinero mediante reposición de votos, pero el día de los comicios ya se había acabado la campaña.

Roa, quien, además, sortea por estos días quebrantos de salud, no se dio por vencido y emprendió una batalla jurídica para tumbar la decisión del CNE en su contra. Radicó una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá con la que buscaba echar para abajo la millonaria sanción, pero la perdió “por improcedente”.

Ahora le apuesta a la caducidad de la investigación, pues, a juicio de sus abogados defensores, el proceso caducó, pero las cuentas del Consejo Nacional Electoral son otras.

En el CNE estiman que el tiempo se corrió porque la investigación ha enfrentado 151 días por recusaciones, más otros 80 porque se suspendieron los términos por competencias. Eso daría enero de 2026. La defensa de Roa no descarta ir hasta la Corte Constitucional, pero eso toma un tiempo y se desconoce si el actual presidente de Ecopetrol se podrá sostener en los próximos meses.

Hasta el cierre de esta edición, Roa no se había notificado, pero desde el despacho de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz enviaron los oficios a su oficina. El próximo miércoles 3 de diciembre estaría plenamente informado.

El presidente de Ecopetrol sabe que le tocó la peor parte de la sanción del CNE, pues la Corte Constitucional le quitó a ese tribunal administrativo la competencia para investigar a Petro. Y Roa fue el gerente de la campaña, la figura visible, y ahora ocupa el cargo descentralizado más importante del Estado.

Además, los magistrados del CNE pidieron la compulsa de copias en su contra a la Fiscalía para que le abran una investigación penal por “la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, la violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales y fraude procesal”, delitos que sin duda le generarán un nuevo dolor de cabeza a él y a la compañía.

La situación del alto ejecutivo es compleja y él lo sabe. Paralelamente, los congresistas Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, de La U, tienen lista una decisión frente a la investigación que adelantan por la presunta financiación irregular de la campaña de Petro. La idea es eximir de responsabilidad al entonces candidato presidencial porque –como ocurrió con Ernesto Samper– la posible financiación irregular de su campaña fue a sus espaldas.

Al mismo tiempo, pedirán la compulsa de copias a la Fiscalía contra Ricardo Roa. Ese doble golpe, por el mismo tema, pondría al presidente de Ecopetrol en un escenario complejo porque, si alguien tiene dudas del CNE, no tendrán argumentos para revertir la decisión de la Comisión de Acusación, donde dos de los congresistas investigadores son del Pacto Histórico.

Petro, quien hasta junio de 2025 apostaba por la salida de Roa de Ecopetrol y hasta habló del enroque con su ministro Edwin Palma, no tiene otra alternativa que respaldar a su gerente de campaña. Quitarle su respaldo significaría que acepta el fallo administrativo en su contra y reconoce que su contienda violó los topes electorales. El problema es hasta dónde puede sostenerse Roa.