POLÍTICA
Salud, ¿paro a la vista? Ante la grave crisis, sectores piden una parálisis para que el Gobierno Petro tome conciencia frente a lo que está pasando
Expertos advierten que una crisis sin precedentes es cuestión de meses porque los recursos son insuficientes. Los pacientes impulsan una parálisis para advertirle al Gobierno que hay vidas en riesgo.

La sumatoria de problemas sin resolver en la salud deja al sistema en jaque para este 2025 y los expertos advierten que en cuestión de meses tendrá que declararse un estado de cosas inconstitucional, con el fin de buscar una salida a la difícil coyuntura en la que entró el sector.
El sistema inicia el año con 12 billones de pesos menos para la UPC, 4,5 billones de pesos faltantes en los giros de los presupuestos máximos, nueve EPS intervenidas, al menos 1,6 millones de quejas de los pacientes acumuladas en 2024 y desabastecimiento de medicamentos, lo que se traducirá en el aumento del gasto de bolsillo de los pacientes, quienes deben pagar las cuestiones médicas por su cuenta porque el sistema no les responde.
El vaticinio de lo que puede suceder en los próximos meses es desalentador. “A lo mejor muchos pacientes van a morir, pareciera que la salud dejó de ser un derecho fundamental para ser una estrategia electoral y politiquera. Es hora de ponerle fecha y hora a un paro nacional con la condición de garantizar los servicios esenciales y laborales de los trabajadores del sector. El Gobierno nos está llevando al paro porque no tenemos nada que perder. Miles de pacientes están sin atención. Este es un llamado para que se despolitice la salud”, sostuvo Denis Silva Sedano, vocero del movimiento Pacientes Colombia.

Las conversaciones sobre un posible paro son una realidad. Ya se han dado diálogos entre los pacientes y representantes de la salud en los que los médicos han comentado que los trabajadores también son víctimas de la crisis y responden con preocupación que frenar la atención es un tema “espinoso”, que debe analizarse por las consecuencias que generaría entre los enfermos.
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Desde Unips, el gremio que reúne a los prestadores, su representante, Jorge Toro, reconoce que hay quienes les han sugerido entrar en paro, pero él da un parte de tranquilidad afirmando que no pueden cerrar servicios porque podrían ser objeto de sanciones. Sin embargo, esas instituciones enfrentan un problema que los presionará a reducir las atenciones: la carencia de recursos económicos.
“La primera solicitud para saber hasta cuándo podemos aguantar es que el incremento de la UPC llegue hasta los prestadores, pero aun en ese escenario tenemos un déficit terrible de operación. Cerramos un año crítico y vamos a intentar aguantar el primer semestre, siempre y cuando se nos traslade el incremento de la UPC”.

La insuficiencia de la UPC se traducirá en una reducción del talento humano porque su incremento es inferior al alza del salario mínimo y hay colaboradores que ganan ese monto, por lo que la falta de una subida en la UPC coherente con el incremento trazado por el Gobierno terminará afectando la cartera para pagar los honorarios que corresponden por ley.
De hecho, ya hay EPS que les comunicaron a los prestadores que solo pueden asumir un incremento del 1 por ciento en los pagos para 2025, lo que deja su flujo de caja con los meses contados. La salud podría colapsar cuando se acaben los recursos.
El gremio de las EPS, Acemi, ya advirtió que no alcanzará el dinero para cubrir la atención de los enfermos; y Acesi, la asociación que reúne a los hospitales públicos, confirmó que esas instituciones están ad portas de un déficit financiero para operar.
Incluso, en 2024 se presentaron pausas en la atención de los hospitales públicos a los pacientes de entidades como Nueva EPS o el Fomag por las demoras en los pagos de los servicios, como sucedió en Antioquia o en Valle del Cauca, solo por mencionar algunos de los casos en los que ya se hizo evidente el escaso flujo de giros para la atención.
El problema es que el panorama del año anterior era mucho más alentador que el de este 2025 porque ahora los actores del sistema tendrán que pagar nómina con una subida del 9,5 por ciento del salario mínimo y una inflación de 5,2 por ciento, lo que hará que cada servicio que contraten sea más costoso. “Esta crisis es acumulativa, se agravó en estos últimos dos años, hay deudas pendientes de otros años y el debate sobre la insuficiencia de la UPC no es nuevo. Este es un problema crónico, con una línea gris, porque estamos en un momento álgido por las tensiones relacionadas con el Gobierno nacional”, detalla Claudia Vaca, directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder, de la Universidad Nacional.

La farmacóloga ve necesario que se declare un estado de cosas inconstitucional en el que las entidades, sectores y actores como la Procuraduría estén de acuerdo sobre una emergencia nacional. “No estamos lejos de ello; esto no aguantará más de un trimestre, lo que también nos lleva a hacer un análisis sobre el papel del Congreso en cuanto a la reforma”, apuntó Vaca.
El primer paso para evitar esa crisis, dicen las personas consultadas para este artículo, es que el Ministerio de Salud aplique un nuevo cálculo de la UPC y se llegue a acuerdos políticos sobre el contenido de la reforma para evitar un riesgo mayor sobre los pacientes.
Desde la red de Acuerdos Fundamentales afirman que la desesperación de los pacientes y trabajadores es grande. Ese colectivo congrega a 350.000 médicos y profesionales, que instalaron una mesa de crisis con la Asociación Nacional de Sociedades Científicas en la que están sentados todos los actores para analizar qué medidas tomar en los próximos meses ante la situación del sistema. “Nos declaramos en alerta permanente frente a esta crisis humanitaria, lo cierto es que no podemos abandonar a los pacientes ni lanzar al abismo a los trabajadores; hay que evitar que esta crisis se profundice aún más”, advirtió Clemencia Mayorga, vocera de Acuerdos Fundamentales.
Esa red presentó su propuesta de reforma a la salud ante el Congreso, proyecto que no fue tenido en cuenta en su totalidad para la construcción de la ponencia que está en trámite en el Legislativo. Las líneas rojas de acuerdos fundamentales sobre el sistema de salud fueron llevadas al Congreso por la bancada independiente, legisladores que ahora debaten si solicitarle a la Cámara que retire sus nombres del listado de autores de la reforma porque están convencidos de que los ponentes no tomaron en cuenta sus apuntes sobre el articulado, sino los del Ministerio de Salud.

Las alertas sobre el sistema llegan desde todos los sectores. Mientras las asociaciones de pacientes hablan de un paro y los gremios hacen cuentas sobre hasta cuándo podrán resistir, los enfermos esperan sus medicamentos y la ciudadanía está a la expectativa porque al sistema de salud le quedan pocos meses de vida.