Luego de toda la polémica que ha generado la nueva ley de encuestas, que le ha puesto más condiciones y ha hecho que algunas firmas hayan tenido que irse del país, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, propuso que se abra nuevamente esa discusión pues estaría siendo mayor el perjuicio que las mejoras.
El senador anunció que presentará un una iniciativa para derogar la Ley 2494, que había sido aprobada recientemente previo al panorama electoral y que fue impulsada por las senadoras Paloma Valencia (Centro Democrático) y Angélica Lozano (Alianza Verde), en una discusión que pasó de agache en su momento.
“Es una iniciativa que ha generado zozobra, incertidumbre, que viene, en vez de proteger los principios democráticos, afectándolos. Quiero anunciar que voy a presentar esta misma semana una ley derogatoria expresa de esa llamada ley de encuestas”, afirmó Motoa.
Según el senador de Cambio Radical, sería bastante alto el perjuicio que estaría causando para la democracia. “Debemos corregir lo que aquí desafortunadamente no se hizo bien con esa ley”, aseguró el congresista, quien le pidió a varios de sus colegas que lo puedan acompañar en esa propuesta.
“Esta misma semana será radicada”, anunció Motoa.
Uno de los problemas que ha generado esta nueva ley es que ante los requisitos que se han impuesto para las encuestadoras tradicionales, han salido algunos sondeos informales con menor rigurosidad.
Así lo había alertado en su momento Pablo Lemoine, presidente del Centro Nacional de Consultoría, a SEMANA en septiembre de 2025 cuando ya había esas alertas de cara a las consultas de octubre.
“Esto ha llevado a que aparezca nueva información que trata de sustituir lo que divulgaban las encuestas. Ahora están circulando estudios que ni siquiera tienen ficha técnica y que nadie responde por ellos. Prohibieron la fuente de información que sí tiene ficha técnica, que tiene una empresa que responde y un CNE que le regula”, afirmó Lemoine.
Aunque el propósito inicial de la ley es que haya mejor calidad en las investigaciones que se realicen, la realidad ha sido distinta. Algunas de las encuestadoras tradicionales han decidido dejar el país ante los requisitos y los altos costos que esto generaría, como el caso de GAD3, la encuestadora de RCN.
A través de un comunicado esa firma tomó la decisión de suspender la publicación de encuestas electorales en el país como “consecuencia de la interpretación realizada por la Comisión Técnica de la nueva normativa, que hace inviable la realización de investigaciones sociales con las garantías mínimas de rigor y viabilidad operativa”.
“GAD3 prefiere suspender esta actividad antes que comprometer el buen nombre del Consejo Nacional Electoral, de nuestro cliente RCN y el prestigio internacional de la firma”, agregaron desde esa firma a comienzos de mayo.