El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella tiene claro que la lucha contra la criminalidad será una de sus prioridades; por esa razón tiene lista una iniciativa que llevará al Congreso de la República para acabar con los grupos criminales.
Se trata del denominado estatuto antiterrorista que, aunque tendrá otro nombre, es una de las banderas del Ejecutivo y estará bajo el liderazgo del Ministerio del Interior, que está en manos de Rodrigo Lara.
El texto está en manos de la oficina jurídica de la Casa de Nariño, que lo revisa con lupa para que se pueda dar el debate en el Congreso de la República sin problema.
Fuentes del Gobierno le confirmaron a SEMANA que dicho estatuto antiterrorista tendrá dos normas: una ordinaria y una estatutaria, iniciativas que deberán surtir su trámite en el Congreso y, al final, pasar por revisión de la Corte Constitucional.
Con base en esta normativa, el Ejecutivo busca la creación de una lista de organizaciones terroristas, como existe en otros países, que serían clasificadas como grupos armados organizados.
Así se les podría aplicar el Derecho Internacional Humanitario (DIH), entre otros mecanismos y herramientas, así como podrían ser bombardeadas sin problema, cumpliendo los requisitos establecidos.
El mensaje es: sometimiento
El presidente ha sido claro en que no habrá negociaciones de paz y en que el único camino para los criminales es el sometimiento a la justicia.
El articulado, según fuentes de la Casa de Nariño, también contempla la creación de un régimen penitenciario especial para los cabecillas de grupos criminales.
Esto significa que para ellos se acabarían los beneficios carcelarios y que las penas serían cumplidas a cabalidad con un “régimen fuerte”.
Habría, además, un capítulo especial en el cual se habla de los bienes de los criminales, que sería un tema distinto al que hoy se conoce como extinción de dominio. Eso sí, no habría beneficios y quienes sean capturados perderían todas sus fortunas.
Ese punto estará dentro de un capítulo de normas de persecución contra los bienes y actividades relacionados con la minería ilegal y con la compra y la venta de oro.
Para tales fines, la cooperación internacional será clave. De acuerdo con el proyecto, se trabajaría articuladamente con otros países para frenar el lavado de activos.
Otro punto importante en el estatuto antiterrorista es la compra masiva de sistemas de cámaras inteligentes, que serían instaladas en lugares donde hacen presencia grupos criminales, con el fin de detectar fácilmente a las personas y que esta información sea de utilidad para las Fuerzas Militares.
Para este tema se haría uso del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que está adscrito al Ministerio del Interior.
Se espera que esta iniciativa llegue en los próximos días al Congreso de la República y pueda empezar el debate antes de terminar el año.