La directora de Migración Colombia, Gloria Arriero, y el superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán, tienen una relación que va más allá de lo laboral: sus esposos trabajan en altos directivos de esas entidades y fueron nombrados por ellos mismos.
Juliana María Rodríguez es la esposa de Felipe Durán pero también es la subdirectora de Control Migratorio de Migración Colombia. Mientras que Edgar de Jesús Bernal Coconubo es asesor de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, es decir, trabaja de la mano con Durán y está casado con la directora de Migración Colombia.
Aunque este hecho ya era conocido y ha sido criticado por distintos sectores, SEMANA conoció documentos que revelan que los funcionarios habrían ocultado información pública para llegar a estos cargos.
Según la declaración de bienes, rentas y registro de conflictos de interés, a la que tuvo acceso esta revista, en el caso de Juliana Rodríguez ella manifestó en ese documento juramentado y de carácter público no tener un cónyuge o una relación marital. En la información de parientes por consanguinidad, afinidad y civil aseguró no tenerlos hasta el cuarto grado, reconociendo que ese hecho puede generar algún conflicto de interés. El documento tiene fecha del 6 de junio de 2025, días antes de que fuera nombrada en el cargo.
El problema es que el superintendente Durán declaró en su documento público estar casado con Rodríguez, aunque negó que ese vínculo pudiera ser susceptible de generar un posible conflicto de interés frente a la labor que desempeña. Este archivo fue firmado el 21 de agosto de 2025, cuando él llegó a ese cargo, es decir, posterior al de Rodríguez, que negó el vínculo marital con tan solo dos meses de diferencia.
En el caso de Édgar de Jesús Bernal, esposo de la directora de Migración, esta revista conoció el documento con el que fue nombrado como asesor grado 16 del despacho del superintendente Durán el pasado 20 de noviembre de 2025, es decir, el esposo de la jefa de su esposa.
En el caso de Gloria Arriero ella declaró de forma juramentada tener como cónyuge a Bernal, aunque negó que eso pudiera suponer algún conflicto de interés.
El entramado familiar en ambas entidades ha generado malestar entre los funcionarios pues algunos consideran que se podría haber incurrido en presuntas irregularidades y que no está bien visto el enroque en esos nombramientos. Además del cuestionamiento y la falta que implicaría haber ocultado información en un documento público.
Incluso, esta revista conoció que ya se estarían adelantando recursos legales en su contra porque consideran que se podrían configurar delitos como falsedad ideológica en documento público y la posible omisión de un conflicto de interés que actualmente sigue vigente, pues todos siguen desempeñando funciones en sus cargos. Uno de los reclamos tiene que ver con la falta de transparencia e imparcialidad en el ejercicio de la Función Pública.
Ante la relación conyugal de ambas parejas, en posiciones jerárquicas cruzadas entre los mismos funcionarios, se ha terminado generando un ruido en las entidades porque consideran que se pudieron haber utilizado indebidamente las influencias de los directivos para posicionar a sus esposos en los cargos.
Según fuentes consultadas al interior de Migración, en el caso de Juliana Rodríguez varios funcionarios no estarían de acuerdo con su gestión y estos hechos estarían generando ruidos innecesarios en un cargo clave para el flujo migratorio del país. Según cuentan, la funcionaria ha tomado directrices que no son compartidas por sus compañeros, sin embargo, dicen que muchos no se atreven a confrontarla por la cercanía que se sabe que tiene con la directora de Migración y al conocer que su esposo es el superintendente, mientras que el esposo de la directora es asesor de Durán.
Por ejemplo, una de las decisiones que se le critica, según fuentes de Migración, es que habría intentado hacer cambios dentro de la entidad en plena época de flujo migratorio a finales del año pasado, cuando se registra el mayor número de colombianos saliendo y entrando del país.
Quienes han denunciado estos hechos consideran que este entramado de relaciones familiares y jerárquicas cruzadas comprometería los principios de la moralidad administrativa, la imparcialidad, la transparencia, la igualdad, entre otros, pues creen que las decisiones de la funcionaria podrían estar mediadas por intereses particulares o los vínculos personales entre ambas familias.
Más allá del caso de Rodríguez, se habla de posibles denuncias que se presentarían en contra de los funcionarios por varios hechos que podrían ir desde faltas disciplinarias hasta posibles delitos si se determina que se trató de un hecho irregular.
Asimismo, dicen que esto podría afectar la confianza que tienen los ciudadanos en las instituciones y a los mismos funcionarios de las entidades que ven que quienes llegan a altas posiciones está relacionado con la cercanía de los familiares de los directivos.
En el caso de Migración Colombia ese hecho ha generado malestar, al punto que desde el sindicato de la entidad, Osemco, emprendieron una protesta con pancartas y otros elementos alusivos a estos hechos que fueron puestos en el aeropuerto El Dorado en Bogotá. “El poder se queda en familia”, dice uno de los carteles.
Otro de los reclamos que hacen desde Osemco es por la gestión de Arriero, pues consideran que además de estos ruidos, la entidad sigue esperando recursos por parte del Gobierno que no han llegado, para solventar las necesidades del personal y los agentes de Migración que siguen reclamando mejores condiciones laborales.
“¿Dónde está el estudio de reingeniería? 7 expertos contratados, 12 millones mensuales a cada uno, 6 meses de espera, resultado cero. 504 millones perdidos”, dice otro de los carteles que está en el principal aeropuerto del país.
Otro hecho por el que está siendo cuestionada la directora de Migración es porque habría contratado a su yerno en la entidad, lo que también ha terminado generando ruidos internos.
“No contenta con lo anterior durante la vigencia 2025, la directora general otorgó un contrato de prestación de servicios a la pareja sentimental de su hija, quien de manera abierta, directa y sin el menor recato ha manifestado públicamente ser la persona encargada de nombrar y gestionar hojas de vida de su suegra, la Dra. Gloria Arriero, ante diferentes instancias del Estado. Esta persona, además, prestó supuestos servicios en un grupo cuya jefatura directa recaía en la misma directora Arriero, percibiendo altos honorarios, sin que exista evidencia de gestión real ni de presencia efectiva en la entidad, mientras los funcionarios de planta apenas aspiran a un nivel salarial digno”, se quejaron desde Osemco a través de una carta que le enviaron al presidente Gustavo Petro para dejar en evidencia estos hechos.
SEMANA se comunicó con Arriero y con Rodríguez para conocer su versión de estos hechos, sin embargo, no contestaron las inquietudes.
En el caso de los funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos se consultó a la oficina de prensa de la entidad para contactar a los funcionarios y saber su versión pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
