Luego de la gran polémica causada por el proyecto que el Gobierno nacional radicó ante el Congreso de la República con el que buscaba regular el uso de plataformas digitales de transporte; en la tarde de este lunes, Luis Gabriel Serna, jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Transporte, emitió un comunicado en el que informa sobre el retiro del proyecto.
Jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Transporte, Luis Gabriel Serna, confirmó que el Gobierno Petro retiró del Congreso proyecto con el que buscaba regular las plataformas digitales de transporte. Dicen que sus interpretaciones fueron "erradas".… pic.twitter.com/xYSx3Kxbw1
— Revista Semana (@RevistaSemana) February 2, 2026
“Considerando las múltiples y sincrónicas erradas interpretaciones de algunos artículos del proyecto de ley 347/26, recientemente radicado en el congreso, conocido como régimen sancionatorio del sector transporte”, dice Serna en el video publicado.
A reglón seguido señaló que: “el Gobierno nacional ha decidió retirarlo para hacer algunos ajustes al articulado, de tal forma que trasmitan mayor claridad a la opinión pública y sea el reflejo de las mesas de negociación que se han venido adelantando con los gremios de carga”.
La iniciativa pretendía reforzar los mecanismos de control y sanción en el transporte, lo que podría derivar en cambios significativos para diversas aplicaciones usadas a diario, con efectos directos en la forma en que millones de ciudadanos se desplazan, generan ingresos y acceden a distintos servicios.
El proyecto, presentado ante el Senado, planteaba un nuevo marco sancionatorio que catalogaría como ilegal el transporte de pasajeros intermediado por plataformas digitales cuando se realice con vehículos particulares.
En la práctica, la propuesta busca prohibir el funcionamiento de estas aplicaciones, que actualmente operan sin una regulación específica.
De acuerdo con Alianza In, gremio que agrupa a varias plataformas, la iniciativa permitiría la suspensión inmediata de las aplicaciones, la inmovilización de vehículos por hasta 120 días y la imposición de sanciones económicas que alcanzarían los 4,7 millones de pesos por cada trayecto, además de multas que podrían superar los 2.100 millones de pesos en los casos no contemplados de manera específica.