El exministro de Justicia Wilson Ruiz radicó una acción de tutela contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda, en representación de Angie Rodríguez, con la que busca dejar sin efectos de manera provisional la declaratoria de insubsistencia que la retiró de la Gerencia del Fondo Adaptación.
En el documento, el abogado sostiene que la decisión vulnera los derechos fundamentales de Rodríguez y constituye un acto de discriminación por su condición de salud, al advertir que actualmente recibe tratamiento psiquiátrico permanente por un diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión.
La tutela solicita como medida provisional la suspensión inmediata de los efectos del Decreto mediante el cual se declaró la insubsistencia de Rodríguez, con el propósito de mantener su vinculación al cargo mientras se resuelve de fondo la acción constitucional.
Según el escrito, la permanencia en el cargo resulta necesaria para garantizar que continúe afiliada al Sistema General de Seguridad Social y pueda acceder sin interrupciones a la atención médica y psiquiátrica que requiere.
Ruiz argumenta que, de mantenerse la decisión, existe el riesgo de que la accionante pierda la condición de cotizante, lo que podría afectar el reconocimiento de prestaciones por parte de la ARL y la continuidad de su tratamiento.
En la tutela también se afirma que la Corte Constitucional ha señalado que las medidas cautelares proceden cuando existe un perjuicio irremediable. En ese sentido, el abogado sostiene que el caso reúne esas condiciones debido al estado de salud de Rodríguez y a la necesidad de evitar un deterioro irreversible.
El documento sostiene que desde diciembre de 2025 la exfuncionaria habría sido víctima de una presunta persecución política, acoso laboral y violencia de género por parte de distintos actores del Gobierno nacional, quienes, según la tutela, buscaban impedir el ejercicio de sus funciones al frente de la entidad.
Como soporte de esas afirmaciones, la defensa relaciona una serie de actuaciones y denuncias previamente presentadas por Rodríguez. Entre ellas menciona un proceso por amenazas de muerte contra ella y su núcleo familiar y una denuncia por una presunta campaña sistemática de desprestigio, hostigamiento digital y violencia de género.
También se menciona una actuación relacionada con un supuesto grupo interno que habría intentado apartarla del cargo para apropiarse de la contratación; así como cinco testimonios que, según la tutela, coinciden en denunciar el presunto suministro de sustancias no identificadas en su lugar de trabajo, hecho que, asegura, deterioró su salud física y mental.
Con esta acción, la defensa busca que un juez ordene suspender provisionalmente los efectos de la declaratoria de insubsistencia mientras estudia si la decisión administrativa vulneró los derechos fundamentales de Angie Rodríguez.