Esto respondió la Alcaldía de Bogotá sobre la clínica de salud mental en la que se reportaron pacientes en condiciones inhumanas

En un comunicado oficial, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá respondió a las denuncias hechas en el Concejo de la capital. En dichos reclamos se aseguró que REMY IPS SAS tenía “pacientes bajo la lluvia, amarrados con sábanas, caminando descalzos sobre el agua, dormitorios inundados, ropa revuelta y sin ningún manejo higiénico, entre otras condiciones deplorables, vulnerando su derecho a la dignidad humana”.

Como respuesta, desde el gobierno de la capital aseguraron que, a la fecha, la entidad distrital no tiene ningún contrato o convenio suscrito con REMY IPS SAS para prestar los servicios de atención en salud mental.

Eso sí, aclararon que entre julio de 2020 y junio de 2021, el Fondo Financiero Distrital de Salud suscribió un contrato con la mencionada IPS para brindar servicios de salud mental y apoyo psicológico para atención pre hospitalaria en salud mental. Aquello debido a la pandemia por Covid-19. Insistieron en la comunicación, en que el Fondo Financiero Distrital de Salud nunca ha contratado con esta IPS servicios intramurales en sus sedes.

Quejas por los servicios en la IPS

Dieron a conocer que en el desarrollo de las funciones de inspección, vigilancia y control y atendiendo quejas ciudadanas, sobre presuntas fallas en la prestación de los servicios relacionadas con la atención hospitalaria en las sedes de esta IPS, se han realizado 25 visitas de inspección (entre 2020 y lo corrido de 2022), donde se impusieron o ratificaron medidas de seguridad en 6 ocasiones.

Especificaron también que entre 2021 y septiembre de 2022, la Secretaría de Salud ha recibido 215 manifestaciones ciudadanas sobre presuntas fallas en la calidad de la atención, en relación con diferentes prestadores de servicios de salud mental en Bogotá. Como consecuencia, se dio apertura a 159 actuaciones administrativas contra los prestadores denunciados.

Explicaron además que el pasado 30 de septiembre de 2022 se impuso medida de seguridad a REMY IPS SAS, con la suspensión total del servicio de hospitalización y servicio farmacéutico, la cual, junto con las demás medidas impuestas, se levantará cuando el prestador subsane sus causas.

“Dicha medida de seguridad contempla aspectos como la solicitud para que el prestador haga la gestión para reubicar a los pacientes (en articulación con cada EPS de las personas atendidas), mientras adelanta las respectivas correcciones para superar la medida”, indicó la Secretaría.

Denuncia hecha en el Concejo de Bogotá

La concejal de Bogotá, por el partido Liberal, María Victoria Vargas Silva, denunció la mala situación por la que atraviesan los pacientes con problemas de salud mental en la IPS Remy S.A.S., la cual ejecuta un contrato para atender a estas personas con la EPS del Distrito Capital Salud

De acuerdo con la cabildante: “hay pacientes bajo la lluvia, amarrados con sábanas, caminando descalzos sobre el agua, dormitorios inundados, ropa revuelta y sin ningún manejo higiénico, entre otras condiciones deplorables, vulnerando su derecho a la dignidad humana”.

Así mismo, Vargas Silva denunció, que es muy grave que el Contrato Vigente No. 030 de 2021, que tiene la IPS Remy con la EPS pública Capital Salud, haya iniciado por contratación directa, por una cuantía de $3.726 millones y que, posteriormente, haya presentado 11 adiciones y 10 prórrogas, para un valor total de $13.129 millones.

Además, según denuncias hechas por el mismo personal que labora en esta IPS, al parecer, no les han cancelado el salario hace más de seis meses, yendo en contravía de la cláusula número 15 del contrato: “pagar oportunamente los honorarios, salarios y prestaciones del personal, relacionados con la ejecución del presente contrato”.

La cabildante no se explica, por qué el secretario Distrital de Salud, Alejandro Gómez López, como cabeza del sector salud y que tiene claras funciones de inspección, vigilancia y control, solamente, a raíz de las denuncias que ella realizó, clausuró este establecimiento de salud: “a partir de la fecha, 03 de noviembre de 2022, queda prohibido el funcionamiento de este establecimiento”. Pero más grave aún, “los pacientes siguen ahí”, puntualizó

Finalmente, la concejal del Partido Liberal le solicitó a la Personería de Bogotá y a la Contraloría Distrital que investiguen el contrato celebrado para proteger los recursos de la salud de los ciudadanos y garantizar una atención digna a los pacientes con problemas de salud mental en Bogotá.