Por medio de una carta abierta que le envió tanto a la ministra de Salud, Carolina Corcho, como al Congreso de la República, la Gobernación del Valle del Cauca reveló su postura sobre el proyecto de ley que buscar reformar estructuralmente el sistema de salud.
La misiva está firmada por la secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes Duque, e incluye varios anexos en los que se dan detalles de los peros que hay sobre la iniciativa del Gobierno nacional.
Para empezar, señalaron que para analizar la propuesta que está impulsando la ministra Corcho llevaron a cabo una serie de mesas de trabajo en las que han participado alrededor de 150 expertos, académicos y líderes de las EPS, la red hospitalaria, las universidades y otras instituciones del sector salud en el Valle del Cauca.
Según indicaron, su objetivo era revisar con lupa el articulado y “aportar en el diseño de mejoras al Sistema de Salud que necesitamos y merecemos todos los colombianos y que debe caracterizarse por la progresividad de lo logrado en 30 años por el Sistema General de Seguridad Social en Salud”.
Entre otras cosas, señalaron que son conscientes de que es fundamental que se cumplan las órdenes que ya ha dado la Corte Constitucional en materia de equidad en salud, mientras se mantienen aspectos claves del modelo de atención, como el equilibrio financiero.
“Adicionalmente, es necesario garantizar el aporte intersectorial a la afectación positiva de los determinantes sociales de la salud que sobrepasan la responsabilidad y marco de acción del sector salud, cuyos efectos que inciden en la calidad de vida de los colombianos”, indicó la entidad territorial en la misiva.
Así mismo, se refirieron a las necesidades que tienen los trabajadores del sector salud de acceder a sus plenos derechos laborales. Esto, además, deberá cobijar al personal que ejecuta acciones administrativas y asistenciales, pues señalaron que también tienen derecho a entrar en los planes de incentivar el empleo formal.
Así mismo, sostuvieron que hay que establecer un trabajo conjunto entre los sectores de salud y educación para que aumente la cantidad de médicos, enfermeras y especialistas en comparación a la proporción de la población colombiana. Este también ha sido un objetivo compartido por el presidente Gustavo Petro.
Sin embargo, manifestaron duros reparos frente a algunos puntos: “Reconocemos en esta propuesta la intencionalidad social, inclusiva y equitativa. Sin embargo, consideramos que no reconoce los avances logrados en tres décadas y en algunos casos es contraria a ley”, advirtieron en el documento.
Estas fueron las conclusiones tras leer la reforma
Además de la carta, la Gobernación del Valle del Cauca incluyó varios anexos en los que los expertos hicieron un análisis detallado de propuesta del Gobierno nacional.
Por un lado, destacaron que una de las conclusiones principales a las que llegaron es que el sistema de salud actual llegó a un punto de madurez en distintas dimensiones como el aseguramiento, la financiación solidaria, los fundamentos de la organización de las redes de prestación de servicios y el manejo de la mediana y la alta complejidad.
No obstante, señalaron que hay algunos puntos flacos, a los cuales es fundamental prestarles atención. “Reconocemos las debilidades presentadas en la estabilidad financiera, el acceso a servicios especialmente en áreas suburbanas, rurales y dispersas, barreras de acceso y la notoria desfinanciación del sistema por diversas causas”, advirtieron en el anexo.
Señalaron que hay puntos positivos de la reforma, como fortalecer la atención primaria en salud, la propuesta de enfocarse en mejorar la prestación de servicios en zonas rurales dispersas, la formalización de los trabajadores sanitarios y la limitación de la integración vertical.
No obstante, indicaron que hay otras falencias y propuiestas que les generan “preocupación”. Por ejemplo, indicaron que les inquieta el “riesgo fiscal” que puede generar la propuesta, la falta de participación técnica en los distintos niveles de gobernanza y la fragmentación en las redes de prestación de servicios.
Y señalaron que les inquieta “la pérdida de la figura de ‘asegurador o administrador’ identificada por el ciudadano como responsable de su cuidado, de la gestión del riesgo en salud, la cual no podría hacerse en los hospitales, lo que dificultaría el acceso a la entrega de medicamentos, entre otros”.
A su vez, señalaron que habría una pérdida en la autonomía que hoy tienen los ciudadanos para buscar antención de salud dentro de las redes de prestación de servicios y reiteraron que podría haber un debilitamiento en las capacidades de los actores privados.
“Nos preocupa el uso como número mágico de veinte mil (20.000) habitantes para titular el país y la atención en salud sin analizar nuestras grandes diferencias en organización de los entornos urbanos y rurales, los perfiles epidemiológicos y los determinantes sociales de la salud, además de los desarrollos alcanzados en oferta de servicios en ciudades y regiones”, concluyeron.
Así mismo, pidieron prestarles atención a temas como la estatización del desarrollo empresarial, las barreras en la formación de equipos básicos de salud. Y finalizaron señalando que falta más análisis de las diferencias geográficas que hay en territorio nacional a la hora de trazar políticas públicas en salud.