La Superintendencia Nacional de Salud confirmó el nombramiento de interventores suplentes en entidades como Asmet Salud, Savia Salud, Coosalud y Servicios Occidentales de Salud (SOS).
La acción se dio luego de que la Procuraduría ordenara la suspensión provisional de algunos de sus titulares por presuntas fallas en la gestión.
SuperSalud nombra interventores suplentes y evita aclarar el futuro de la mayor aseguradora del país
En un comunicado oficial, la entidad explicó que estas decisiones buscan garantizar la continuidad en la prestación del servicio.
“La designación de agentes interventores obedece a criterios técnicos y jurídicos, con el fin de asegurar la prestación de los servicios de salud a los usuarios”, señaló la Superintendencia al referirse al proceso de selección basado en el Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (Rilco).
El reordenamiento se da en un momento de alta presión institucional.
La Procuraduría General de la Nación había advertido sobre posibles incumplimientos en la labor de algunos interventores y tomó la decisión de apartarlos temporalmente.
En ese contexto, la SuperSalud optó por nombrar reemplazos provisionales para evitar un vacío en la administración de EPS que ya enfrentan dificultades financieras y operativas.
En este sentido, y dando cumplimiento a la misión de inspección, vigilancia y control que le corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud, se ha procedido a designar a los siguientes agentes interventores suplentes con carácter provisional:
— Supersalud (@Supersalud) April 9, 2026
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Silencio de SuperSalud tras vencimiento de intervención
No obstante, mientras la entidad actuó con rapidez frente a estas EPS, evitó pronunciarse sobre la situación de la Nueva EPS, cuya intervención forzosa administrativa venció el pasado 3 de abril.
Aún no se ha informado oficialmente si será prorrogada o levantada.
El tema ya escaló a los organismos de control. La Procuraduría solicitó explicaciones formales sobre el estado de la entidad y pidió claridad sobre la continuidad de la medida.
“Se requiere establecer si persisten las causales que dieron origen a la intervención”, advirtió el Ministerio Público en su requerimiento, en el que también solicitó informes detallados sobre la gestión administrativa, financiera y operativa.
El silencio institucional ha alimentado la percepción de un “limbo jurídico” alrededor de la mayor EPS del país.
Según información publicada por El Espectador, incluso el interventor designado, Luis Óscar Gálvez, se despidió de la entidad tras el vencimiento de la resolución.
Esto aumenta las dudas sobre quién ejerce actualmente la dirección.
La incertidumbre resulta especialmente crítica si se tiene en cuenta el tamaño de la Nueva EPS, que concentra más de 11 millones de afiliados en todo el país.
Cualquier indefinición sobre su administración tiene un impacto potencial directo en la prestación de servicios de salud a millones de usuarios.
A esto se suman señales de deterioro en la operación. Informes conocidos por autoridades evidencian problemas crecientes en el acceso a medicamentos, mayores tiempos de espera para la atención y tensiones financieras relacionadas con el flujo de recursos hacia prestadores.
Por ahora, la Superintendencia Nacional de Salud mantiene su postura centrada en garantizar la continuidad del servicio en las EPS intervenidas, pero sin ofrecer una respuesta concreta sobre la Nueva EPS.
La falta de definición deja abierta una de las principales incógnitas del sistema de salud colombiano en un momento de alta fragilidad institucional, en el que cualquier decisión, o ausencia de ella, puede tener efectos de gran escala sobre millones de pacientes.