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Ulahí Beltrán, superintendente de salud. - Foto: Superintendencia de Salud

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Van más de un millón de quejas por el funcionamiento del sistema de salud este año; estas son las más comunes

El Gobierno nacional sigue presentando cifras que critican el funcionamiento de las EPS.

Son exactamente 1.043.026 quejas las que ha recibido la Superintendencia de Salud durante este año. Es como si a diario, aproximadamente 3.500 personas, tuvieran dificultades con el acceso. En comparación a 2021 hay un aumento de 26 % en el uso de los canales de la entidad de control con reportes de mal funcionamiento.

Ahora, una de cada tres quejas son clasificadas como riesgo de vida, pues se evidencia que el paciente requiere una atención urgente y la intervención inmediata de la SuperSalud, en máximo 48 horas, debido a su delicado estado de salud.

Según el informe, los motivos que generan la mayor cantidad de quejas son la demora en la asignación de citas de consulta médica especializada, los retrasos en la entrega de medicamentos, la tardanza en la prestación de servicios de imagenología y la inoportunidad en la programación de cirugías.

Para el superintendente Ulahí Beltrán López, “haber superado la barrera del millón de quejas y súplicas en estos diez meses del año es una muestra de los altos niveles de desprotección por parte de las entidades administradoras de recursos o EPS; y también es la confirmación de que estar afiliado a una EPS no es sinónimo de estar protegido o asegurado”.

Como solución, la actual Superintendencia inició una intervención en los diez territorios más críticos del país. Allí, mediante mesas de intervención focalizadas con las EPS más grandes y los hospitales y clínicas, se ha establecido diagnósticos planes de choque a corto plazo.

“Necesitamos un fuerte timonazo de manera urgente porque las necesidades de salud requieren inmediatez en atención y en soluciones. Estas administradoras que intermedian los recursos financieros de la salud (EPS), no pueden olvidar que ellas trabajan con recursos que son públicos y que, por lo tanto, esos recursos les pertenecen a las personas que ellas tienen afiliadas, y esas personas afiliadas son las verdaderas dueñas del sistema y en ese sentido, las administradoras de recursos deben cumplir con lo que demandan en servicios esas personas afiliadas”, agrega el superintendente Beltrán López.

Explicaron que entre las causas de este panorama está la insuficiencia en la red de servicios, el incumplimiento en los indicadores de gestión de riesgo, la alta desatención en la prevención del riesgo.

Detalles del informe

Según los datos recogidos, los 10 territorios donde se observa la mayor criticidad por la cantidad de problemáticas son: Bogotá (22% de las quejas), Antioquia (16%), Valle (14%), Santander (5.3%), así como Bolívar, Atlántico, Guaviare, Vaupés, Risaralda, Vichada y Chocó.

Agregaron que les preocupa los indicadores de mortalidad materna y perinatal o de la desnutrición aguda infantil. “El indicador denominado ‘razón de mortalidad materna a 42 días por régimen’ pasó de 55,77 muertes en 2019 a 87,21 en 2021, lo que significa un aumento de 56% en los casos que podrían haberse evitado con un adecuado seguimiento por parte de las EPS”.

Debate por la reforma a la salud

Los informes del sector salud en los últimos meses han girado en torno a la labor de las EPS. Prácticamente, mientras que desde el gobierno han presentado cifras de estados críticos de las entidades, estas han argumentado hasta con estudios internacionales que, aunque hay retos, cumplen con la tarea.

Lo más certero si es que esta reforma se presente para enero del próximo año, según lo expresó la ministra de salud y protección social, Carolina Corcho. Quien además dijo en una de sus más recientes intervenciones, que con dicha transformación solo buscan poner en marcha la Ley Estatutaria de Salud, que se expidió en 2015 a través de una ley ordinaria que debe surtir su paso por el Congreso de la República.