Con un nuevo proyecto de decreto, el Gobierno anunció que busca evitar aumentos desproporcionados en el precio de la vivienda, al limitar los ajustes a la evolución de los costos de construcción y no al alza del salario mínimo.
Por cuenta del anuncio, la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció. “En desarrollo del principio de coordinación y colaboración entre las entidades del Estado, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) adelantan un trabajo conjunto para proteger los derechos de las y los consumidores de vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP), y garantizar información clara, suficiente y oportuna en los proyectos inmobiliarios del país”.
En este marco, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio publicó para observaciones ciudadanas un proyecto de decreto que determina el tope máximo general de la VIS en 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), en concordancia con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo. Esta medida busca evitar alzas desproporcionadas en el precio de la VIS y proteger la planeación financiera de los hogares.
“El proyecto no constituye un control de precios. En realidad, con este instrumento normativo se busca proteger a las familias compradoras, al reafirmar que de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto del consumidor y la Circular 004 de 2024 emitida por la SIC, el valor total de la vivienda debe pactarse en pesos colombianos desde el inicio del proceso, sin indexaciones automáticas asociadas al incremento anual del salario mínimo”, agregó la SIC.
“De esta manera, se evitan incrementos abruptos —como los derivados del aumento del salario mínimo del 23 % para la vigencia 2026— y se limita cualquier ajuste a variables relacionadas con los costos de construcción, siempre respetando lo pactado desde la separación, la promesa de compraventa o el encargo fiduciario", informó la Superintendencia de Industria y Comercio.
La iniciativa también reafirmó como comportamientos contrarios a los derechos de los consumidores del sector vivienda:
- No fijar el precio en pesos colombianos
- Dilatar la firma de contratos hacia vigencias futuras para trasladar incrementos del salario mínimo
- Utilizar cláusulas contractuales que generen desequilibrios en perjuicio del comprador
La SIC advirtió que la publicación de precios de vivienda en salarios mínimos u otras unidades distintas a la moneda legal puede inducir a error o confusión, al no reflejar de manera precisa el valor real del inmueble ni permitir una comparación objetiva entre las ofertas del mercado.
La SIC dio cuenta de estas recomendaciones:
• El precio de la vivienda debe informarse en pesos colombianos, de forma clara, completa y precisa, y el consumidor solo estará obligado a pagar el valor informado al momento de manifestar su voluntad de compra.
• La Circular n.° 4 de 2024 de la SIC establece que la publicidad y fijación de precios de proyectos de vivienda deben realizarse en pesos colombianos, conforme al artículo 26 de la Ley 1480 de 2011.
• Los precios informados no pueden modificarse por el solo paso del tiempo, pues ello vulnera el derecho a la información y puede constituir una cláusula abusiva.
• En los contratos de adhesión, cualquier cláusula que genere un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor es ineficaz de pleno derecho.
“Al Gobierno se le olvida”
En El Debate, de SEMANA, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes), aseguró que un cambio de tal naturaleza debe pasar por el Legislativo.
“Ha sido tan improvisado este decreto del salario mínimo que yo creo que el Gobierno no cayó en cuenta de todas las consecuencias que podía tener. Lo que ha anunciado el Gobierno es un proyecto de decreto, pero al Gobierno se le olvida que esto es una ley. Por lo tanto, la única manera de lograr esa desindexación es a través de un proyecto de ley, en el Congreso de la República”, explicó el presidente de Fenalco.
“Es que mire, es que uno cuando oye al presidente y habla de los megarricos, yo digo: o es de mala leche o es de ignorancia, o es populista desconocer que el 93% de las empresas en Colombia son microempresas, son pequeñas, son medianas, no son grandes empresas, solamente el 7% son grandes empresas”, indicó.
“Por eso, y este es mi último mensaje, los magistrados del Consejo de Estado tienen la enorme responsabilidad de rectificar este exabrupto que se ha producido a finales de diciembre si queremos que esta economía no se acabe de descuadernar y si queremos que miles de colombianos no pierdan sus puestos de trabajo”, puntualizó.
