SEMANA habló con el registrador, el procurador y el contralor. En un mismo espacio participaron Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil; Gregorio Eljach, procurador general de la Nación, y Carlos Hernán Rodríguez, contralor general de la República.
Conocidas coloquialmente como “las ía”, es decir, la Registraduría, la Procuraduría y la Contraloría, los jefes de cada organismo dieron cuenta de su rol en el marco de la coyuntura electoral colombiana, cuya segunda vuelta y definitiva tendrá lugar el 21 de junio de 2026.
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En el marco de la participación de cada uno de ellos, Gregorio Eljach dijo que “se le reclama al procurador por todo”, al señalar que, cuanta controversia política hay, quieren que su despacho dirima. De todas maneras, dijo, él no tiene la competencia para “ajustar” al presidente Gustavo Petro por su presunta participación en política, a favor del candidato Iván Cepeda y pese a que la ley se lo prohíbe.
“La Procuraduría tiene una misionalidad muy amplia. La que más se recuerda es la disciplinaria, pero dentro de la disciplinaria nosotros nos vamos más por la prevención que por la sanción, evitar antes que sancionar, pero la insistencia de algunos funcionarios a los que se les olvida el límite entre servicio público y activismo político, ha tocado delegados o salas disciplinarias o los funcionarios competentes; el procurador no conoce de ningún proceso en particular ni lleva expedientes ni abre causas”, dijo, inicialmente.
“Son los delegados; el procurador solo dirige la política general de la entidad, hace cumplir el plan de desarrollo y se ocupa de la política del Estado con los otros organismos de control y con las ramas del poder público. Lo digo porque repetidamente se le increpa, se insulta, se le escupe por las redes al procurador porque hizo o no hizo, porque debería hacer o no hacer, y resulta que eso es un tema de quienes actúan dentro del andamiaje de la Procuraduría, menos el procurador”, agregó.
“Pero hemos encontrado y es de público conocimiento que ha habido, incluso, suspensiones de funcionarios del orden nacional porque ha habido evidencia, según lo que han encontrado las salas y los delegados, para aplicar la figura, que es una figura buena porque, si no, tocaría esperar hasta el final del proceso, que lastimosamente no se puede atropellar para darle gusto a nadie. Ya quisiera yo que los procesos terminen rápido, pero como en la justicia, como en lo administrativo, como en toda parte, como en el fiscal, hay que dar unas garantías de debido proceso, de derecho a la defensa, de presunción de inocencia y en lo electoral también hay un trámite nuevo, que hay que ir al Consejo de Estado Control de Legalidad”, agregó.
“Entonces, no podemos darle gusto a las redes ni a los tuiteros ni a quienes desearían que el resultado se dé rápido, por eso la suspensión provisional, pero damos garantías porque esto es un Estado de derecho. Y a las personas que están allí, nadie las ha condenado. Deberán explicar su conducta y, si los que llevan el caso la encuentran satisfactoria, tomarán la decisión que tomen. Y si no, pues tomarán la que corresponda a ese estado de las cosas. De manera que venimos ahí insistiendo mucho en dos cosas. Y quiero dar una buena noticia. Desde que comenzamos con la campaña, y no es participación, no es prohibido participar en política; si la primera obligación de participar es votar, la Constitución nos obliga a votar y es un derecho y una garantía. Lo que se critica es la indebida participación. ¿Y cuál es la indebida? En un Estado de derecho, las libertades priman; las restricciones están específicamente establecidas en las normas que nos rigen. Y ahí está el Código Disciplinario y el Código Penal”, enfatizó el jefe del Ministerio Público.
“Quienes incurran en esas condiciones, en esas conductas serán sujetos, están siendo sujetos de la averiguación por el área disciplinaria. Y cuando hay, como ha habido y la comunidad lo conoce, motivo suficiente, prueba fehaciente para suspender, el que conoce el caso lo ha suspendido. ¿Qué es la buena noticia? Hemos encontrado que, desde que comenzó la campaña de ‘No a la indebida participación en política electoral’, porque no toda política es electoral, la que estamos tratando de evitar es que se metan los servidores públicos en política electoral en forma indebida; la cantidad de quejas que llegaban ha disminuido notoriamente. Ha bajado bastante; ya no nos escapamos de enloquecer el Twitter, el celular particular o el institucional o el correo de tanta queja”, hizo énfasis el jefe del Ministerio Público.
“Entendemos que hay un descenso en la actividad desafiante de muchos servidores públicos que creen que no les va a pasar nada y que nadie los está observando. La Procuraduría está por todo el país, están los personeros y estamos observando y están advertidos y quien quiera que sea, salvo el presidente de la República. ¿Qué es competencia? Y aquí déjeme decir, también insistir, en algo, porque al procurador se le reclama y se le censura que no coge al presidente y lo ajusta, que no lo somete. El único que es competente en Colombia para conocer cualquier tipo de conducta del presidente se llama Comisión de Instrucción y Acusaciones de la honorable Cámara de Representantes, donde están representados todos los partidos, incluyendo la oposición”, acentuó.
“Y solo ahora que yo mandé a pedir una información como Ministerio Público y me dieron una respuesta destemplada y me dijeron: ‘Venga de 8 a 5 que aquí está la información, búsquela’. Pues mandamos una sala, fue a buscarla y no la encontró. Y lo que encontró fue que más o menos, porque no hay un sistema riguroso, no hay libro radicador ni siquiera en Excel, no hay un control, no hay orden. Está recogido en un acta de quienes fueron a hacer la visita y está en el informe interno que me dio la Comisión, que fue más allá de lo que encontraron o de lo que no encontraron, mejor. Entonces le dicen sin precisar: ‘Aquí hay más o menos 3.000 procesos. De esos 3.000, creemos que 290 son contra el presidente de la República, pero no estamos seguros, y de esos, por indebida participación’. ¿Qué es lo que tienen? A mí me dijeron que 10, a mí. No, hay como entre 15 y 50, pero eso puede aumentar. Es decir, en la Comisión de Acusación hay un despelote monumental. Allí hay desgreño, para decir algo amable”.
El procurador general cerró su aclaración señalando: “Pero solamente ahora que yo actué y actué para demostrar que yo no soy el procurador de bolsillo ni de los que votaron por mí ni de sus amigos de la Cámara, entonces ahora sí abrieron una causita por allí contra el señor presidente y parece que hoy se van a animar a hacer otra. Si no hubiera sido eso y Colombia no los estuviera mirando, no hubieran avanzado, estoy seguro, pero déjeme decir y discúlpeme la vehemencia, pero es que no es el procurador el que tiene que cuidar al presidente. Ahí está el control político, que es una función constitucional natural del Congreso en las comisiones de Senado, en las comisiones de Cámara, en la plenaria de Senado y en la plenaria de Cámara. O si quieren en Congreso pleno. Control político, ¿por qué no lo han hecho durante este periodo? ¿Por qué no lo han intentado? ¿Por qué la oposición, que está en cada una de esas comisiones y en cada una de esas plenarias, no ha logrado que se convoque un debate de control político que sí da resultados rapiditos? En dos semanas se puede destituir, separar del cargo al funcionario y se le prueba el voto negativo a su gestión. Entonces, también hay una parte del Congreso de la República en cada una de sus componentes a la que no se le dé acción”, dijo con vehemencia.
“Debe ser que lo están haciendo bastante cuidadosos para luego mostrarnos los resultados cuando los tengan consolidados. Ojalá, pero no lo vemos. Y la respuesta que yo recibí de la comisión de instrucción y acusación fue displicente contra el procurador y contra los organismos de control. Y ahí están los resultados. Y todos los delegados que actúan en esa dependencia judicial han de advertir que los integrantes de esa célula son jueces. Y cuando uno no cumple con su deber y lo hace sin justificación y omite, eso se llama omisión del deber; eso puede conducir a un delito que es propio de quien ejerce funciones judiciales, que se llama prevaricación, dato en este caso por la modalidad de omisión. Lo estoy diciendo en términos generales, no me estoy refiriendo a ningún caso en particular, estoy hablando, y ustedes me comprenderán, en términos figurados de una comisión de una cámara de otro país, no la de acá. De manera que esa es la realidad.
Las elecciones presidenciales, en segunda vuelta, tendrán lugar el 21 de junio de 2026. El ganador entre el abogado Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda asumirá el 7 de agosto de 2026 y gobernará hasta el 7 de agosto de 2030.