“El Congreso en su IA-berinto”

¿Y, qué es la IA? Existen múltiples usos en la vida diaria, como corregir fotos antiguas, generar obras de arte personalizadas o títulos para columnas de opinión. Pero la IA es mucho más, y hoy en día, casi todas las empresas la integran en su operación, algunas incluso, sin saberlo. Hay evidencias de uso de IA en el sector financiero, salud, telecomunicaciones, transporte, logístico, e-commerce, energético, legal, y la lista puede seguir sin parar hasta abarcar cada sector público y privado.

Además, en la mayoría de los casos, el insumo principal de la IA son datos personales de los ciudadanos. Es decir, no solo es útil como una herramienta empresarial para impulsar procesos productivos, sino también es relevante desde la óptica de protección de los derechos de las personas cuya información se utiliza para alimentarla.

En conclusión, la IA es importante. Por esto mismo, es bienvenido el interés de nuestros honorables congresistas en abordarlo. Sin embargo, en este momento, existen al menos 5 proyectos de ley diferentes (y la cuenta sigue subiendo) en donde el Congreso está considerando regular el tema. Los proyectos son iniciativas tanto de Cámara como de Senado, se están discutiendo en distintas comisiones y tienen ponentes de todos los espectros políticos. Si bien el propósito común es proteger los derechos de las personas, sus alcances son distintos, por ejemplo, en las obligaciones y derechos que surgirían para el Estado, las empresas y los ciudadanos.

Pero quizá el mayor riesgo que presentan, y que el Congreso aún está a tiempo de mitigar, es la falta de univocidad en la definición de IA. Si bien un par de proyectos usan una misma definición, ella no corresponde con las utilizadas en otros proyectos. Esto, que pareciera un asunto conceptual menor, puede causar un gran caos si varios de dichos proyectos se convierten en leyes.

Los problemas no se verán sino hasta el mediano plazo, cuando las empresas no sepan en qué casos les aplique la norma, ni los ciudadanos tengan claridad de sus derechos, o el Estado y los jueces tengan problemas para interpretar el alcance de sus funciones y tomar las decisiones que correspondan.

Ya existen definiciones de IA adoptadas por la OCDE y la Unión Europea que guardan similitud entre ellas, las cuales podrían servir de referencia para el Congreso, y son suficientemente neutras, tecnológicamente hablando, pues parten de características generales, como estar basadas en máquinas, su capacidad de adaptación y autonomía, y los objetivos perseguidos (predicciones, contenidos, recomendaciones, etc.).

Señores congresistas, es el momento de actuar con prudencia y de manera coordinada al abordar la regulación de tecnologías emergentes. No corresponde proponer múltiples definiciones o regulaciones dispares que pretenden cubrir de manera inconsistente hasta el mínimo detalle. Los ciudadanos esperamos que estén a la altura de las circunstancias en la regulación de tecnologías, y que no nos lleven a laberintos jurídicos que puedan afectar las dinámicas del desarrollo e implementación de la IA o generar zonas grises en materia de los derechos de las personas.

Por: Andrés Fernández de Castro, director de la práctica de Tecnología, Comunicaciones & Protección de Datos en Gómez-Pinzón