Los procesos de contratación relacionados con la prestación de servicios de alimentación y educación para los menores de edad en el país han estado marcados por frecuentes escándalos de corrupción y manejo irregular de los recursos públicos.
El año pasado, la Contraloría General de la República, a través de su Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), activó la vigilancia sobre las inversiones realizadas durante la coyuntura sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus.
El resultado de la vigilancia arrojó 69 alertas alrededor del programa denominado Canastas Nutricionales, que pertenece al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Uno de los hallazgos más preocupantes reveló que algunos contratistas entregaron 28.018 raciones a 15.580 beneficiarios que ya habían fallecido.
Por esa razón, el presidente de la República, Iván Duque, anunció a finales del año pasado que se implementaría una herramienta tecnológica denominada Betto, diseñada con inteligencia artificial para llevar a cabo la selección de contratistas únicos habilitados para brindar atención a la primera infancia en los municipios de Colombia.
Aunque el objetivo de la decisión era proteger este tipo de procesos de cualquier injerencia política que pudiera derivar en actos de corrupción y afectar la atención oportuna a los niños y niñas, la puesta en marcha de esta tecnología ha generado rechazo entre las madres comunitarias que desempeñaban labores en ese tipo de procesos antes de la llegada de Betto.
En los últimos días se han presentado protestas que rechazan el uso de esta tecnología. El argumento es que Betto, que tiene la capacidad de seleccionar oferentes por medio de algoritmos de inteligencia artificial, habría reemplazado los empleos que durante años estuvieron a cargo de las madres comunitarias en diferentes territorios del país.
En Cartagena, por ejemplo, se reunieron más de 150 personas el pasado miércoles al frente de la sede del ICBF para manifestar su descontento con las medidas. Las protestas también se presentaron en otras ciudades como Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
Algunos líderes relacionados con estos procesos de prestación de servicios de alimentación y educación también han argumentado que la implementación de Betto no ha impedido que se seleccionen operadores denunciados o investigadores por corrupción, pues este año ya hay casos de irregularidades en ese sentido.
¿Qué dice el ICBF al respecto?
La directora del ICBF, Lina María Arbeláez, se refirió este lunes puntualmente al argumento de que Betto ha dejado sin empleo a cientos de madres comunitarias. “No es cierto que las madres comunitarias queden desempleadas, pues una cláusula especifica exige a los operadores su contratación”, aseguró a través de las redes sociales de la entidad.
“No voy a dejar que los operadores utilicen a las madres comunitarias porque se les acabó el negocio; eso es lo que está pasando. Tienen que dejar de manipular a las madres comunitarias diciéndoles que se van a quedar sin trabajo, porque es falso”, agregó la directora.
A finales de enero, Arbeláez dijo en conversación con SEMANA que Betto “es una estructura novedosa, una herramienta que usa la inteligencia artificial para seleccionar de manera objetiva y transparente, bajo los mayores estándares de calidad, a los operadores que están habilitados en el banco de oferentes de primera infancia que tenemos en el ICBF”.
Para el desarrollo de #Betto se invirtieron más de $800 millones que incluyen la continuidad de su funcionamiento. Adicionalmente no es cierto que las madres comunitarias queden desempleadas pues una clausula especifica exige a los operadores su contratación. #Escucha parte 3 pic.twitter.com/Bp5kvTxtEO
— Bienestar Familiar (@ICBFColombia) February 22, 2021
“Si un oferente tiene sanciones le va bajando puntos y empieza a quedar por fuera de la selección. Es una herramienta totalmente blindada, que no tiene forma de que pueda ser manipulada”, agregó Arbeláez, quien resaltó que el proceso también será apoyado por una auditoría de la Policía a través de su unidad de delitos informáticos.
A finales de enero, Betto seleccionó por primera vez los operadores que podrán ser elegidos para –a través de ellos– adquirir los servicios que demandan los distintos programas, tanto de educación como de nutrición, que maneja el ICBF. El listado, que deja a 1.153 contratistas únicos habilitados, es el primer resultado de esta herramienta tecnológica.
Los operadores seleccionados brindarán atención a los niños de 0 a 5 años en los 1.103 municipios del país. El proceso de selección de oferentes se realizó a partir de las 11.845 manifestaciones de interés que presentaron los operadores, previamente habilitados en el Banco Nacional de Oferentes.