Durante años, las llamadas no deseadas se han convertido en una de las principales molestias para millones de usuarios. Promociones insistentes, supuestas ofertas “exclusivas” o incluso intentos de estafa llegan a cualquier hora del día y, en muchos casos, desde números que aparentan ser personales.
Sin embargo, este panorama podría cambiar. Una nueva medida permitiría identificar de forma inmediata las llamadas spam gracias a un prefijo específico, diseñado para alertar al usuario antes de contestar. Aunque se trata de una herramienta eficaz para reducir este tipo de molestias, lo cierto es que su implementación, por ahora, solo estará disponible en países como España.

Ante esto, el Ministerio para la Transformación Digital anunció que el prefijo 400 será de uso obligatorio para todas las comunicaciones comerciales realizadas en ese país. La medida entrará en funcionamiento entre agosto y septiembre y busca ofrecer a los ciudadanos una forma sencilla de reconocer este tipo de llamadas antes de responder.
La decisión se apoya en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, aprobada en diciembre pasado, que exige el uso de numeración específica para identificar las llamadas comerciales y fortalecer la protección del consumidor.

De acuerdo con información citada por El País, desde el Ministerio señalaron que este nuevo rango permitirá diferenciar de manera inmediata las comunicaciones publicitarias, facilitando que los usuarios decidan si desean atenderlas o descartarlas.
Además, la normativa permitirá a las operadoras bloquear automáticamente las llamadas que no utilicen el prefijo obligatorio, lo que fortalecerá los sistemas de filtrado y contribuirá a disminuir de forma significativa el volumen de comunicaciones no deseadas. La numeración 400 será de carácter bidireccional, por lo que servirá tanto para recibir como para realizar llamadas.

A esto se suma que la Ley de Servicios de Atención a la Clientela establece que los consentimientos para recibir llamadas comerciales deberán renovarse cada dos años, una exigencia que refuerza el control de los consumidores sobre quién puede contactarlos y en qué condiciones.
