La Unión Europea dio un nuevo paso en su ofensiva regulatoria contra las grandes tecnológicas al presentar medidas dirigidas a Google que podrían transformar el funcionamiento de su ecosistema digital.
El objetivo: obligar a la compañía a abrir su sistema operativo Android a servicios de inteligencia artificial de la competencia, en una decisión que ya genera tensiones a ambos lados del Atlántico.
La DMA entra en acción: más competencia en el ecosistema digital
En virtud de la Ley de Mercados Digitales (DMA), las principales empresas tecnológicas deben facilitar condiciones de competencia más equitativas. La normativa busca ampliar las opciones para los usuarios y frenar posibles abusos derivados de posiciones dominantes en el mercado.
En este contexto, Bruselas plantea que los sistemas de IA de terceros puedan integrarse de forma efectiva en los dispositivos Android, ampliando las capacidades disponibles más allá de las soluciones propias de Google.
“Las medidas propuestas tienen como objetivo garantizar que los servicios de IA competidores puedan interactuar eficazmente con las aplicaciones en los dispositivos Android de los usuarios y ejecutar tareas (...), como el envío de un correo electrónico a través de la aplicación de mensajería preferida del usuario, el pedido de comida o compartir una foto con amigos”, argumentó la Comisión Europea.
El control de la IA en Android, en el centro del debate
Según la Comisión, Google mantiene restringidas varias de estas funciones a sus propias herramientas, como Gemini, lo que limita la interoperabilidad con servicios rivales.
La propuesta europea apunta a romper ese esquema, permitiendo que otras plataformas de inteligencia artificial puedan ejecutar acciones directamente en aplicaciones instaladas en los dispositivos, una capacidad clave en la nueva carrera tecnológica.
Desde la perspectiva comunitaria, este cambio permitiría diversificar el acceso a la IA y reducir la dependencia de los usuarios respecto a un único proveedor.
Críticas desde Estados Unidos y defensa de Google
El movimiento regulatorio no ha pasado desapercibido en Washington. El Gobierno del presidente Donald Trump ha cuestionado tanto la DMA como la Ley de Servicios Digitales, al considerar que estas normas afectan de manera desproporcionada a empresas estadounidenses.
Por su parte, Google rechazó las propuestas al advertir que una “intervención injustificada” podría tener efectos adversos.
Según la compañía, la medida corre el riesgo de “incrementar innecesariamente los costes, al tiempo que socava las protecciones fundamentales de privacidad y seguridad para los usuarios europeos”.
Un proceso en marcha con posibles sanciones
Las medidas presentadas forman parte de conclusiones preliminares de un proceso iniciado en enero y, por ahora, no constituyen una investigación formal que implique sanciones inmediatas.
Sin embargo, Bruselas dejó claro que evaluará los avances de Google. Si considera insuficientes sus esfuerzos, podría determinar un incumplimiento de la normativa.
En ese escenario, las consecuencias serían significativas: cualquier infracción de la DMA puede acarrear multas de hasta el 10 % de la facturación global de la empresa, un riesgo que eleva la presión sobre uno de los gigantes tecnológicos más influyentes del mundo.
*Con información de AFP.