El sector turismo ha mostrado gran crecimiento en los últimos años y la venta de tiquetes aéreos ha venido al alza con la salida y llegada de viajeros. Sin embargo, un nuevo gravamen, establecido en el Decreto 0625 de 2026, preocupa a los actores de esta actividad económica.
La norma, emitida el 19 de junio por el Ministerio de la Igualdad y Equidad, reglamenta el cobro de un impuesto para viajeros nacionales y extranjeros, que se movilicen por vía aérea, independientemente de su lugar de residencia.
El Decreto establece que la carga tributaria corresponde a un dólar estadounidense o su equivalente en pesos colombianos, calculado con base en la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente al momento de la compra del tiquete internacional.
Se especifica que los recursos recaudados serán administrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y se destinarán a programas orientados a prevenir y combatir la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA), así como la pornografía infantil.
Frente a esta medida, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) advirtió que la implementación de nuevos impuestos podría afectar la competitividad del sector turístico y del transporte aéreo, además de incidir en la conectividad y el desarrollo económico del país.
La presidente ejecutiva del gremio, Paula Cortés Calle, señaló que los viajeros ya asumen una carga tributaria considerable, dado que los tiquetes aéreos están gravados con un IVA del 19%, por lo que considera inconveniente establecer nuevos cobros.
“Respaldamos plenamente las iniciativas encaminadas a proteger a la niñez y combatir la explotación sexual comercial. No obstante, creemos que estos objetivos deben alcanzarse mediante estrategias lideradas por las entidades competentes, sin trasladar mayores costos a los viajeros ni imponer nuevas obligaciones al sector turístico”, afirmó la dirigente gremial.
Anato recordó que la legislación vigente ya contempla mecanismos para financiar acciones de prevención de este delito. En ese sentido, destacó que el artículo 43 de la Ley 300 de 1996, modificado por la Ley 1101 de 2006, establece que una parte de los recursos administrados por el Fondo Nacional de Turismo (Fontur), junto con las multas impuestas a prestadores de servicios turísticos en el marco de la Ley 679 de 2001, debe destinarse a programas de prevención, sensibilización y formación sobre esta problemática.
De igual forma, el gremio reiteró su propuesta de reducir al 5% la tarifa del IVA aplicada a los tiquetes aéreos de pasajeros y otros servicios relacionados con la actividad turística, al considerar que esta medida favorecería la competitividad del sector.
En ese contexto, Paula Cortés expresó su preocupación por la creación de un nuevo impuesto para los viajeros internacionales cuando, a su juicio, ya existen herramientas legales para respaldar las políticas de protección de la infancia.