Cada vez son más las familias que se animan a tener una mascota en sus hogares; sin embargo, aún son bastantes los animales que no logran acceder a una familia y terminan en condición de calle.
Una situación que los coloca en riesgo de múltiples escenarios de vulnerabilidad y actos de maltrato que atentan directamente contra su salud y bienestar.
Teniendo en cuenta la reiteración de este tipo de actos, el Estado colombiano tiene un plan de acción claro conformado por la Ley 1774 de 2016 y la Ley 2455 de 2025, esta última denominada judicialmente como ‘Ley Ángel’.
Estas leyes dictaminan las sanciones penales y administrativas, fijando penas de prisión de entre 6 y 7 años y multas de hasta 60 salarios mínimos para quienes causen lesiones graves o la muerte a un animal. La implementación de estas normativas surge como respuesta institucional frente a los casos de crueldad documentados en diversas regiones del país.
El proceso de denuncia ante las autoridades competentes
En la jurisdicción colombiana, las agresiones contra la fauna reciben un tratamiento legal riguroso. La Fiscalía General de la Nación es la entidad central encargada de asumir, procesar y direccionar las demandas relacionadas con estos delitos. Cualquier ciudadano está facultado para instaurar la denuncia, la cual activa el aparato investigativo del Estado.
Para que los procesos avancen en los despachos judiciales, la recolección de material probatorio resulta determinante. Para garantizar el éxito del proceso judicial, las instituciones de protección animal recomiendan a los denunciantes aportar fotografías, videos, relatos de testigos y la identificación plena de los agresores.
Estos elementos documentales operan como un complemento a la revisión clínica y los dictámenes forenses que emiten los profesionales en medicina veterinaria al evaluar al animal afectado.
Rutas de atención y responsabilidad ciudadana
El sistema judicial y policial dispone de varios canales para la recepción de estos reportes. Las denuncias formales pueden radicarse mediante la plataforma web de la Fiscalía General de la Nación o de forma presencial en las sedes de la entidad. Asimismo, la ciudadanía tiene la posibilidad de acudir a los Centros de Atención Inmediata (CAI), comisarías y estaciones de policía para reportar el hecho.
Para situaciones que requieran una intervención en flagrancia, se encuentra habilitada la Línea de Emergencias 123, donde los operadores coordinan el despliegue de las patrullas.
Finalmente, los entes de control extienden un requerimiento a la sociedad civil para evitar la impunidad. Presenciar actos de crueldad contra los animales y omitir la denuncia respectiva acarrea responsabilidades civiles y penales para los ciudadanos testigos.