La decisión que tomó la congresista Gloria Arizabaleta de suspender al presidente Petro hasta la segunda vuelta, es tan inédita como controvertida. La presidenta de la Comisión de Acusación emitió esa medida cautelar en medio de un proceso disciplinario contra el presidente por participación en política y consideró la falta como “gravísima”.

La medida es controvertida y hay enormes dudas sobre su piso jurídico pues la suspensión de un aforado investigado por la Comisión de Acusación solo puede tomarse por la plenaria del Senado.
El presidente se encuentra este miércoles en Nueva York y hablará ante ese organismo en su papel de presidente del Consejo de Seguridad. La decisión abre preguntas sobre qué podrá pasar en ese viaje y si el primer mandatario recibe consecuencias inmediatas de la medida.
Lo primero que se ha dicho es que cuando se conoció la medida, esta no había sido radicada en la Comisión de Acusación. Así lo confirmó el congresista Alejandro Ocampo en un comunicado. “El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, no ha sido suspendido por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. No ha sido radicado ningún auto ni decisión formal de la Comisión de Acusaciones que adopte una medida de suspensión contra el Presidente de la República. Es importante aclarar que un investigador individual no tiene competencia para tomar una decisión de esa naturaleza por sí solo. Cualquier determinación de esa magnitud debe cumplir los procedimientos constitucionales, legales y reglamentarios correspondientes”, dijo en un comunicado.
Por otro lado, hay dudas sobre la competencia que tendría Arizabaleta para tomar la decisión, pues la Constitución creó un mecanismo de investigación de los aforados muy estricto en el cual deben surtirse unos pasos y en el que la suspensión del cargo solo puede darse una vez el tema ha pasado por la plenaria de la Cámara de Representantes y ha llegado al Senado.
Por otro lado, la decisión tampoco le ha sido notificada al presidente, algo esencial para que tenga efectos jurídicos en su contra.
Por esta razón, no se cree que la medida afecte su intervención en las Naciones Unidas.
