El Gobierno de Gustavo Petro estaba intentando hacer una jugadita de último minuto para resolver el posible déficit presupuestal que podría enfrentar en 2024.
En el tintero de la Casa de Nariño estaba llamar a sesiones extras para debatir el proyecto de Ley 198 de 2023 radicado en Senado “por la cual se modifican algunos artículos de la Ley 1563 de 2012 y se dictan otras disposiciones”.
Ese articulado es, nada más y nada menos, sobre arbitraje institucional en materia tributaria, aduanera y cambiaria, con el que pretendía aumentar su recaudo cambiando todas las reglas de juego de arbitramento para resolver las cuentas del Estado en unos 15 billones de pesos.
Era tal el afán del Gobierno para atender su hueco fiscal que le pusieron mensaje de urgencia a su trámite en el Congreso. Pero esta semana apareció un concepto del Consejo de Estado cuestionando que le dieran ese “mensaje de urgencia” a un articulado con tantas implicaciones tributarias.
Entonces, el Ejecutivo se echó para atrás con la idea de tramitarlo en diciembre, pero quedó con el problema de cómo resolver un vacío de 15 billones de pesos adicionales que pretendían sacar de esos litigios.
“Yo lo advertí y ahora estamos frente a un presupuesto completamente desfinanciado porque estamos hablando que no va a recaudar (con todo lo que se le ha caído al Gobierno de la reforma, diferentes pronunciamientos de la Corte y ahora del Consejo de Estado) de casi 25 billones de pesos de déficit el próximo año”, sostuvo la representante de la Alianza Verde Katherine Miranda.
Esa advertencia que había hecho Miranda la ratificó el Consejo de Estado, que escribió que: “Es pertinente también advertir que un proyecto de ley de esta naturaleza no puede estar sustentado, preponderantemente, en razones de carácter fiscal o de recaudo tributario poniendo en riesgo el debido proceso al que tiene derecho el contribuyente”. ¿Habrá hueco fiscal para el próximo año?