Sebastián Ortega continuará en libertad mientras avanza el proceso judicial relacionado con el caso del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, luego de que un juez de control de garantías resolviera no imponerle una medida privativa de la libertad.
La decisión se conoció después de varias jornadas de audiencia en las que las partes expusieron sus argumentos sobre la necesidad de restringir o no la libertad del empresario.
La defensa de Ortega sostuvo ante el juez que no estaban acreditados los requisitos establecidos por la ley y la Constitución para ordenar una detención preventiva. Sus abogados insistieron en que esta medida es excepcional y que no puede convertirse en una anticipación de una eventual pena.
Uno de los principales argumentos estuvo relacionado con la ausencia, según la defensa, de una inferencia razonable suficiente de autoría o participación que justificara la medida. También cuestionó que existiera una situación de urgencia y que estuvieran demostrados los fines constitucionales necesarios para ordenar una medida de aseguramiento.
Los abogados plantearon además un análisis de proporcionalidad y sostuvieron que privar de la libertad a Ortega no resultaba necesario frente a las circunstancias discutidas durante la audiencia.
A esta argumentación se sumó otro elemento destacado por la defensa: la Fiscalía General de la Nación, cuya delegada participó en la audiencia, no solicitó una medida de aseguramiento contra el empresario.
Con la determinación del juez, Ortega continuará vinculado al proceso y deberá atender los requerimientos de la justicia, pero podrá hacerlo en libertad.
La decisión no representa una absolución ni determina su responsabilidad penal. La investigación continuará y las actuaciones posteriores permitirán avanzar en el debate sobre los hechos y las eventuales responsabilidades dentro del caso.