En una reciente alocución, el presidente Abelardo De La Espriella calculó en cerca de 30 billones de pesos el valor de la reconstrucción de las zonas afectadas, que deja el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto y que afectó, especialmente, a la región suroccidental del país.
“Una firma privada modeló pérdidas físicas, directas, en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas cercanas a los 30 billones de pesos. Más o menos 24,5 billones en edificaciones y 5.5 billones infraestructura”, dijo, pero advirtió que se trata de una cifra preliminar.

De La Espriella encomendó al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, liderar el ‘Plan Milagro de Reconstrucción’. “Es un plan que une al Gobierno nacional, a los constructores, al sector financiero, a las aseguradoras, a los alcaldes y gobernadores de todo el territorio nacional”, expresó.
En días pasados, el mandatario ya había anunciado que decretará la emergencia económica y la creación de un Fondo Milagro para canalizar los recursos que se requieren para adelantar la reconstrucción y atender la emergencia.

Hoy, la pregunta es de dónde saldrán esos recursos, cuando el Gobierno se enfrenta a una compleja crisis fiscal que, incluso, lo había llevado a anunciar, luego de ganar las elecciones, un drástico plan de recorte y ajuste para cuadrar las cuentas, y una reforma tributaria para simplificar el régimen de impuestos en el país.
Anif puso sobre la mesa una propuesta para buscar recursos que permitan enfrentar la situación y financiar la reconstrucción. Estima en 1,6% del PIB lo que llamó las pérdidas económicas directas del desastre, ante lo cual presentó un conjunto de medidas para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas. “Las propuestas buscan movilizar recursos públicos y privados de manera ágil, en un contexto de estrecho margen fiscal, sin recurrir a tributos permanentes ni comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas”, anticipa el centro de pensamiento.
En primer lugar, plantea revisar recursos de inversión no ejecutados del Presupuesto General de 2026, cuyo monto máximo susceptible de revisión asciende a 20,1 billones de pesos, pero excluye sectores que requieren redirección de recursos por la tragedia. “Específicamente, se plantea dar prioridad a la revisión de este monto en sectores con ejecución presupuestal de inversión inferior al 20%. También, en el marco del proceso de aprobación del Presupuesto General de la Nación 2027, se propone priorizar las entidades encargadas de la gestión del riesgo y de la atención, búsqueda, reconstrucción y rehabilitación de infraestructura”.
También sugiere movilizar recursos disponibles del Sistema General de Regalías (SGR). Según sus cálculos y con cifras a corte de julio de 2026, se propone liberar 3,7 billones de pesos en proyectos que no cuentan con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal por lo que no respaldan procesos contractuales, así como focalizar hacia proyectos de reconstrucción los 10,1 billones del recaudo del SGR que aún no han sido asignados a proyectos de inversión. Igualmente, se plantea permitir que los municipios afectados aprueben directamente proyectos de atención de la emergencia y reconstrucción de infraestructura, incluso cuando no estén incluidos en el capítulo independiente de regalías de sus planes de desarrollo.

A su vez expone la posibilidad de habilitar líneas de crédito con garantía para microempresarios a través del Fondo Nacional de Garantías (FNG). Con base en la experiencia de la emergencia del covid-19, se propone crear líneas de crédito con coberturas entre el 60% y el 90% del valor del crédito, que podrían incluir periodos de gracia iniciales definidos por la Superintendencia Financiera. “Según nuestras estimaciones y de forma ilustrativa, si entre el 30% y el 80% de las microempresas de la zona de emergencia optaran por solicitar los créditos, se requeriría capitalizaciones del Gobierno Nacional al FNG entre 90.000 y 240.000 millones de pesos.
Además, propone extender temporalmente Obras por Impuestos y Obras por Regalías a los territorios afectados, para que empresas puedan financiar proyectos de reconstrucción en ciudades afectadas que hoy no califican, como Pereira, Manizales y Cali. Agrega que en el caso de Obras por Impuestos, cuyo monto anual es definido por el CONFIS mediante acto administrativo, se proyecta que este órgano apruebe una asignación extraordinaria para la reconstrucción; para 2026 el cupo fue de 1,145 billones de pesos, de los cuales quedan disponibles cerca de 269.000 millones, de acuerdo con los cálculos de Anif.

También, este centro de pensamiento ha pensado en la creación de lo que denominó “un Anticipo Solidario para la Reconstrucción”: que los contribuyentes del impuesto de renta puedan realizar, de manera voluntaria, un pago adicional de hasta el 10% del impuesto de renta liquidado en su declaración, el cual sería descontado en su totalidad en la declaración del año siguiente. “Este mecanismo no constituiría un nuevo impuesto, sino un anticipo voluntario que daría liquidez inmediata al Gobierno. Para brindar seguridad jurídica, se propone que el Gobierno expida un Certificado de Anticipo Solidario para la Reconstrucción que garantice la trazabilidad del aporte y su reconocimiento como crédito tributario”, afirma Anif.
Finalmente, pone sobre la mesa la posibilidad de flexibilizar temporalmente el uso de las rentas de destinación específica. “En el marco de la emergencia económica, evaluar la posibilidad de flexibilizar temporalmente el uso de algunas rentas de destinación específica, incluyendo aquellas asociadas al ICBF, SENA y otras entidades, siempre que el marco constitucional y legal aplicable lo permita, con el fin de liberar recursos para atender las necesidades prioritarias de la emergencia”.
Y concluye Anif: “En conjunto, estas medidas buscan movilizar de manera ágil recursos públicos y privados para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, sin comprometer la sostenibilidad fiscal ni recurrir a cargas tributarias permanentes, en línea con las lecciones que dejó la experiencia del Eje Cafetero en 1999”.
