La decisión del gobierno de Gustavo Petro de aumentar el 23 % el salario mínimo para 2026, que lo llevará a 2 millones de pesos con subsidio de transporte, pero que para los empleadores tendrá una carga de 3 millones de pesos, por las prestaciones, ha despertado serias advertencias por el impacto que puede tener esta medida en la economía colombiana.
Uno de los más recientes pronunciamientos lo hizo la calificadora Fitch Ratings, que aseguró que la decisión “agravará los desafíos fiscales y de inflación, e impulsará aumentos en la tasa de interés oficial que podrían lastrar el crecimiento”.
El aumento impacta a unos 2,5 millones de trabajadores y se da tras un incremento de 9,5 % del salario mínimo en 2025. Se trata del último ajuste antes de las elecciones presidenciales de mayo.
Según Fitch, cuyo informe se hizo antes de revelarse el dato de Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior completo, la inflación, del 5,3 % en noviembre, se ha mantenido por encima del objetivo del 3 % del Banco de la República desde julio de 2021.
“El aumento del salario mínimo intensificará las presiones de la demanda y la oferta al elevar los ingresos de las personas con mayor propensión al consumo, así como los costos de producción de las empresas. Además, desanclará aún más las expectativas de inflación, influyendo en la fijación de precios. El gobierno ha indicado que está considerando controles de precios para limitar el impacto inflacionario”, afirmó la calificadora.
Aseguró que la encuesta de expectativas de inflación del banco central para enero aún no se ha publicado, pero los rendimientos en el mercado de bonos local sugieren una inflación de equilibrio para este año de alrededor del 6 %, frente al 5 % de noviembre.
“En diciembre, pronosticamos que el Banco de la República elevaría las tasas al 10,25 %, a partir de este año, desde el 9,25 %. Sin embargo, dadas las nuevas presiones inflacionarias y el aumento de las expectativas, es probable que las tasas suban más y con mayor rapidez. Los mercados financieros ya están descontando aumentos superiores al 11 %”.
Aunque advierte que el aumento del salario mínimo podría contribuir a estimular el crecimiento, “el ajuste monetario podría contrarrestarlo, y los riesgos para nuestra previsión de crecimiento base del 2,9 % para 2026 han aumentado dada la magnitud del incremento. Factores externos, como los riesgos geopolíticos y la caída del precio del petróleo tras la intervención estadounidense en Venezuela, han aumentado la incertidumbre”.
Fitch considera que el aumento del salario mínimo también intensificará las presiones fiscales, al incrementar el costo de los salarios y algunas pensiones mediante mecanismos de indexación. “Las autoridades estiman un costo fiscal directo de 7 billones de pesos colombianos (0,35 % del PIB). El impacto total será mayor dado el mayor costo del financiamiento público. El aumento también podría afectar la creación de empleo en el sector formal y, por ende, los impuestos sobre la nómina”, asegura.
También se pronunció con relación a las medidas tributarias amparadas en el decreto de emergencia económica. Afirma la calificadora que ascienden a un total estimado de 11 billones de pesos (0,6 % del PIB) y solo habrían cubierto parcialmente el déficit de financiamiento estimado de este año, de 16 billones de pesos colombianos (0,9% del PIB), incluso antes del aumento salarial. “El uso del decreto demuestra la disposición a implementar medidas de recaudación de ingresos, pero subraya los desafíos de gobernabilidad que han obstaculizado el ajuste fiscal”, manifiesta la calificadora.
Hay que recordar que el pasado 16 de diciembre, Fitch rebajó la calificación de Colombia por los persistentes y elevados déficits fiscales: “Fitch ya asumió que el objetivo de déficit del gobierno central para 2026, del 6,2 % del PIB, no se alcanzaría en nuestra revisión de diciembre, proyectando que se ampliaría al 7,5 %. Las nuevas presiones fiscales derivadas del aumento del salario mínimo deberían compensar en gran medida el impacto de las medidas tributarias, manteniendo nuestra proyección prácticamente sin cambios. Pronosticamos una deuda pública/PIB del 62,8 % en 2027, por encima de la mediana de la categoría ‘BB’ del 53,8%”.
Y concluye: “Las elecciones legislativas de marzo y las presidenciales de mayo (con posible segunda vuelta en junio) determinarán la estrategia fiscal posterior a 2026. La continua fragmentación probablemente significará que el próximo presidente tendrá que negociar con diversos partidos en el Congreso para aprobar leyes. Incluso, si avanza una nueva reforma tributaria, como prevé Fitch, es probable que su rendimiento sea inferior al 1 % del PIB, lo que requerirá esfuerzos importantes y plurianuales para estabilizar la deuda pública”.
