El presidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo Aguilera, expresó reparos frente al decreto que fija el salario mínimo para 2026, al considerar que su sustento jurídico y técnico es insuficiente y que sus efectos económicos podrían ser adversos para el empleo y la competitividad.
Cuervo señaló que, aunque el decreto se apoya en estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en el artículo 53 de la Constitución, “los factores que no fueron tenidos en cuenta en la decisión tomada” contradicen lo establecido en el Convenio 131, que exige considerar “las necesidades de los trabajadores y sus familias” junto con variables como “la capacidad de pago de las empresas, el crecimiento económico, la productividad, los niveles de empleo y la informalidad”.
En el plano constitucional, el dirigente recordó que el artículo 53 dispone que “es el legislativo y no el ejecutivo el que debe expedir la ley laboral sobre remuneración mínima vital”. A esto sumó dudas sobre la “legalidad” del procedimiento, al afirmar que el Gobierno “decidió en forma unilateral cambiar el concepto de remuneración mínima, introduciendo la idea de un ingreso mínimo vital”, discusión que, dijo, no se dio en la Comisión de Concertación de políticas laborales.
Fedetranscarga advirtió que el incremento del 23,78% “desconectado de la productividad e inflación del año 2025” podría “destruir empleos formales”, elevar barreras de ingreso al mercado laboral e impulsar la inflación, con efectos en tasas de interés y costos del crédito. En transporte de carga, los salarios de conductores representan el 17,5% de los costos, mientras que el costo mensual de un trabajador administrativo que devenga el mínimo pasará de $2’432.736 a $2’975.614 desde enero de 2026.
El gremio subrayó el impacto en las Mipymes, que conforman más del 80% del tejido empresarial, y alertó sobre el efecto fiscal, al recordar que “por cada punto porcentual que se incrementa el salario mínimo, el Estado debe desembolsar $400.000 millones”. Finalmente, manifestó que “el poder adquisitivo de los trabajadores no se determina con decretos” y llamó a “redireccionar las políticas públicas” para evitar perjuicios económicos y laborales.
