Unal alerta que la retención en la fuente a pagos digitales tendría el mismo efecto dañino que el 4 X 1000

El Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de decreto que busca aplicar una retención en la fuente del 1,5 % a los pagos efectuados mediante plataformas como Bre-B, billeteras digitales y otros medios electrónicos, con el fin de “equiparar” el tratamiento tributario con el de las tarjetas débito y crédito. La medida aplicaría cuando el pago corresponda a la compra de bienes o servicios, es decir, cuando constituya un ingreso tributario y quedaría exenta en operaciones entre personas sin contraprestación comercial.

Gremios del sector financiero y digital advierten que el efecto podría ser contrario al deseado, pues en lugar de fomentar la formalización y digitalización, podría desincentivar el uso de los pagos digitales y reforzar lo evitable: el uso continuo del efectivo.

Para micronegocios y comerciantes, la introducción de esta retención representa una carga adicional. Según el Periódico de la Universidad Nacional de Colombia y el profesor y director del Grupo de Estudios Fiscales y de Equidad de la Unal, Jairo Orlando Villabona, en contextos donde los márgenes de ganancia son estrechos, retener ese 1,5 % al momento del pago afecta la liquidez diaria. Además, las plataformas y adquirientes deberán modular sus sistemas para convertirse en agentes retenedores (esto implica ajustes operativos, tecnológicos y administrativos que también podrían trasladarse al comercio o usuario final).

Ahora, viéndolo por el lado de la adopción de los pagos inmediatos, el temor es que el mensaje de “ahora hay un coste para digitalizarse” reduzca la confianza en instrumentos como Bre-B, que precisamente se implementaron para simplificar pagos, bajar costos y expandir la inclusión financiera.

El “4x1000″

Villabona también menciona que el impuesto del 4 x 1000 dejó una lección en Colombia sobre cómo gravar transacciones financieras puede tener efectos de regresión en la formalización, el uso de canales modernos y la bancarización.

Es por eso que el borrador del decreto se encuentra abierto a comentarios y observaciones por parte del público y los gremios. Apenas se termine este proceso, se podrá firmar la norma y señalar la fecha de entrada en vigencia.

El debate, mientras tanto, se sigue centrando en si la medida realmente promoverá la equidad tributaria o si, como alertan académicos y gremios, terminará frenando el avance de la inclusión financiera en Colombia.