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Con una tutela contra MinTIC y la SIC, el Canal 1 busca garantizar su supervivencia
El recurso judicial ya fue admitido y ahora se espera que los jueces constitucionales determinen si, en efecto, se están vulnerando los derechos del concesionario televisivo.
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En agosto de este año, en uno de sus consejos de ministros televisados, el presidente Gustavo Petro le ordenó al Ministerio de las TIC abrir una licitación para adjudicar la operación del Canal 1, pese a que el concesionario Plural Comunicaciones adquirió ese derecho desde 2017 y hasta 2037.
A ese pedido, se sumó la formulación de un pliego de cargos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra Plural Comunicaciones por haber realizado un cambio accionario. Esto llevó a los apoderados de la empresa a presentar una acción de tutela ante la justicia colombiana alegando que el MinTIC y la SIC han vulnerado sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, prensa, información y debido proceso.
La tutela también fue presentada a nombre de los directivos del Canal 1, Ramiro Andrés Avendaño y Santiago Valencia Becerra.
Según el abogado Jorge Tirado, representante del canal, la acción judicial busca frenar decisiones administrativas que —afirma— han sido adoptadas en medio de presiones y que ponen en riesgo la continuidad operativa del canal y su independencia editorial.
La controversia se enmarca en la discusión sobre el modelo de televisión abierta en Colombia. Según Tirado, la Ley 1978 de 2019, que reformó el sector TIC, fijó en 20 años la duración de las concesiones activas al momento de su promulgación. Por ende, si Plural Comunicaciones adquirió la concesión y relanzó el canal en 2017 tiene ese derecho de explotación hasta 2037 y no hasta 2027, como pretende el Gobierno.
El proceso para abrir la licitación iba avanzando bajo el mandato de Julián Molina como ministro TIC, pero quedó en stand by desde septiembre, cuando a Molina le fue solicitada su renuncia después de la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. Por ahora no se sabe cuál es la posición de la sucesora de Molina, Carina Murcia Yela, en este aspecto.
En lo que respecta al proceso ante la SIC, en el Canal 1 consideran que la Superintendencia ha desconocido el debido proceso al exigir requisitos no contemplados en la legislación vigente, limitar el acceso al expediente y modificar criterios previamente aplicados.
En un inicio se especuló que la inconformidad de la SIC estaba relacionada con una alianza informativa entre Canal 1 y Caracol Radio (Grupo Prisa), debido a una presunta integración empresarial no autorizada. Sin embargo, el canal sostiene que dicha alianza nunca pasó de un acuerdo limitado para compartir contenidos en la parrilla de programación. La comercialización conjunta de publicidad, que habría sido el componente más relevante del acuerdo, no fue autorizada por la autoridad y nunca llegó a concretarse. Actualmente, ambas partes ya no mantienen ningún tipo de asociación.
La investigación de la SIC se origina en el hecho de que en 2017 la estadounidense Hemisphere Media Group entró al Canal 1 con una participación de 40 %. El resto lo tenían en partes iguales las productoras colombianas CM&, NTC y RTI. A finales de 2022, Hemisphere Media Group vendió su parte a Phoenix Media (de inversionistas colombianos) y este les compró a los otros socios y se quedó con el 100% del canal.
Al parecer, ese movimiento empresarial no le gustó a la SIC, pese a que es algo muy común entre las empresas que se juntan para aspirar a una concesión. De hecho, en el sector de infraestructura es frecuente que algunas empresas vendan su parte a otras que están menos interesadas en la construcción y más en la operación, e incluso en esa etapa hay otras que venden, dado que no quieren estar muchos años.
De concretarse la multa de la SIC por el cambio societario, esta podría llegar a 1.600 salarios mínimos (hoy 2.277 millones de pesos), lo cual implicaría la quiebra del concesionario y llevaría, por ende, al fin anticipado de la concesión.
El Canal 1 ya presentó sus descargos en octubre pasado y actualmente el proceso está en etapa probatoria ante la SIC.
El abogado Tirado aseguró que el caso trasciende lo contractual: “Esta tutela busca proteger la libertad de prensa y evitar que decisiones administrativas afecten el pluralismo informativo en el país”. De prosperar las actuaciones estatales, Canal 1 advierte posibles litigios millonarios contra la Nación y sanciones disciplinarias para funcionarios involucrados.
El proceso ahora queda en manos de los jueces constitucionales, quienes deberán determinar si existió vulneración de derechos y si procede otorgar medidas para suspender las decisiones en curso.
