Luego de las decisiones alrededor de la elección de Jorge Carrillo en la presidencia de ISA, tomadas en los estrados judiciales, lo que finalmente llevó a la junta directiva de la compañía a pedir su separación del cargo, el abogado demandante, Julio César Yepes, tramitó un derecho de inspección, solicitud que hizo como accionista minoritario. Su propósito, según argumentó, es tener los elementos de juicio que permitan tomar decisiones en la próxima asamblea ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el 26 de marzo.
De acuerdo con las declaraciones del jurista, al ir a hacer efectivo el derecho de inspección, le alegaron que todo lo que pide es reservado y secreto.
Según refirió el abogado, al llegar a la compañía lo recibió una gran comitiva, integrada por funcionarios de la vicepresidencia jurídica de ISA y el revisor fiscal.
Un gasto innecesario en ‘pool’ de abogados
Aunque Yepes agradeció el recibimiento y que se contrate una firma de abogados tan reconocida para su atención, manifestó su posición al respecto. “No es necesario destinar grandes recursos en asesores externos porque el objeto del derecho de inspección es que el accionista pueda conocer los documentos a los que la ley de manera clara le permite su acceso; la pedagogía no era necesaria, menos si conlleva pagar costosos abogados y si ISA tiene abogados internos que pueden cumplir esa labor pedagógica”.
Aunque la negativa despierta suspicacias sobre lo que puede haber en las cuentas que pide revisar el accionista, fuentes cercanas a la estructura corporativa de una empresa como ISA señalan que, aunque todos los accionistas tienen derecho a inspección, también hay que reconocer que existe el derecho comercial, el cual, restringe la ruta para que el acceso a la información sea absoluta, como sería la pretensión del abogado, señaló la fuente. Según su argumento, ISA es una compañía que compite no solo en Colombia si no en la región y tiene mucha información que goza de protección.
El jurista, por su parte, expuso argumentos jurídicos para amparar su petición, solicitando acceso a los documentos en forma detallada, para conocer “todas las erogaciones que ISA realiza en favor de directivos y terceros”. Para ello, citó normas como los artículos 446 y 447 del Código de Comercio, en concordancia con la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.
Yepes también pide acceso a los libros de actas de los comités de apoyo a la junta directiva, creados para facilitar el estudio temático de los asuntos de la compañía.
Según señala el abogado, aunque ha logrado conocer parte de la información, ahora, “los asesores externos e internos de ISA no me permitieron, por ejemplo, el acceso a los documentos que de manera detallada dan cuenta de cuánto se pagó a los directivos por concepto de salarios, honorarios, remuneraciones, gastos de viaje, entre otros, con el argumento de que si me revelan estos datos los competidores conocerían las remuneraciones..”.
