En la noche del martes 19 de mayo, el Gobierno Nacional emitió la directiva presidencial número 04 con nuevas directrices para proteger la estabilidad del sistema pensional colombiano tras las dificultades generadas por la suspensión del traslado de recursos hacia Colpensiones, en medio de las decisiones judiciales relacionadas con la reforma pensional.
En un pronunciamiento oficial, el Ejecutivo recordó que la seguridad social es un derecho irrenunciable y un servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación y control corresponden al Estado, de acuerdo con los artículos 48 y 365 de la Constitución Política.
El Gobierno señaló que las autoridades públicas tienen la obligación de garantizar la continuidad, estabilidad y adecuada prestación del Sistema General de Pensiones, especialmente para adultos mayores, prepensionados y demás personas con especial protección constitucional.
Asimismo, recordó que la Corte Constitucional ha reiterado la importancia de proteger los principios de confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica frente a las expectativas generadas en los ciudadanos por decisiones adoptadas bajo el marco legal vigente.
La controversia se originó alrededor del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, que creó una oportunidad excepcional de traslado entre regímenes pensionales para quienes cumplieran determinadas condiciones y recibieran doble asesoría.
Posteriormente, la Corte Constitucional, mediante el Auto 841 de 2025, suspendió la entrada en vigencia de la reforma pensional, aunque mantuvo vigentes los artículos 12 y 76 mientras adopta una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la ley.
En ese contexto, el Gobierno expidió el Decreto 415 de 2026, que reglamentó el giro de recursos de las cuentas de ahorro individual hacia Colpensiones para las personas que consolidaron su derecho pensional.
Sin embargo, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente dicho decreto dentro de procesos de nulidad actualmente en curso.
Medidas impartidas por Gustavo Petro
Frente a este escenario, el presidente Petro impartió cuatro directrices principales.
La primera ordena a la Superintendencia Financiera de Colombia adelantar labores de vigilancia y seguimiento sobre los efectos administrativos, operativos y financieros derivados de la aplicación del artículo 76 de la reforma.
La entidad deberá evaluar la protección de los derechos de los afiliados, la adecuada administración y trazabilidad de los recursos pensionales, el cumplimiento de los deberes de información y protección al consumidor financiero, así como los posibles impactos sobre la estabilidad y continuidad del sistema.
Además, la Superintendencia presentará un informe técnico preliminar al Gobierno Nacional sobre el estado de la situación y las medidas que considere necesarias.
Como segunda medida, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera y Colpensiones coordinarán acciones para garantizar la continuidad del servicio público de pensiones, proteger los derechos de afiliados y pensionados, y fortalecer la orientación a la ciudadanía.
El Gobierno indicó que también buscará reforzar los canales de atención e información dirigidos a adultos mayores, prepensionados y demás personas sujetas de especial protección constitucional.