Hace algunas semanas, el Gobierno nacional anunció la expedición del Decreto 182, del 25 de febrero de 2026, con el que busca adelantar una reorganización en el sistema de aseguramiento, sobre todo en los territorios y las poblaciones.
Entre los cambios estructurales se encuentra uno sustancial, en el que se limita el número de EPS por municipio según población.
Ahora, los municipios entre 100.001 y 500.000 habitantes pueden tener máximo cinco EPS.
Por su parte, los que tengan entre 20.001 y 30.000 habitantes pueden tener máximo dos EPS.
Las que tengan entre 20.000 y menos de 10.000, solo podrán tener una EPS en funcionamiento.
Adicional a ello, la normativa exige umbrales mínimos de participación por departamento, además de una asignación forzosa de afiliados.
Aunque las EPS ya se han referido a este modelo, estas no serían las únicas que verían cambios. También lo verían las IPS, que son claves en el sistema frente a la prestación de los servicios.
SEMANA habló con Jorge Toro, director general de la Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de Colombia (UNIPS), que es el gremio que agrupa a estas entidades, para consultar respecto al impacto en estos actores del sistema.
SEMANA: ¿Cómo ve la reorganización de afiliados en las EPS?
Jorge Toro (J.T).: No es de ahora, eso debió haberse hecho tranquilamente dos o tres décadas atrás y se ha ido aumentando en virtud de que iban liquidando EPS, entonces les iban asignando población a EPS muy pequeñas en regiones. Hoy tenemos EPS en poblaciones donde no son fuertes y entonces esa población se queda con muy poca posibilidad de ser atendida, sin oficinas regionales.
Sí se necesita una reorganización del aseguramiento para concentrar la población en tal sentido de que haya EPS que respondan integralmente por la atención en salud y la atención administrativa de los pacientes.
SEMANA: ¿Está el sistema en condiciones de asumir esta reorganización?
J.T.: La reflexión que nosotros hacemos es que eso no se hizo antes y hacerlo ahora es imposible, dado que tenemos ocho EPS en condición de intervención por la SuperSalud, en condiciones no operativas y no viables. Entonces, el decreto sí, pero no ahora. Debe hacerse cuando volvamos a estabilizar el aseguramiento en Colombia.
Hoy, es trasladar una población a una EPS y poner en riesgo la atención en salud de esa población.
SEMANA: ¿Qué tan expuestas quedan las IPS en municipios pequeños donde solo tengan que negociar con una sola EPS y se dé una concentración tarifaria?
J.T.: Creo que es importante mirarlo en dos vías. Lo negativo es que va a haber EPS que van a salir, a las que les teníamos contratos o les estábamos atendiendo gente y pues se van con unas deudas con nosotras las IPS. Lo negativo es que hay que cancelar contratos porque se va a reorganizar todo el tema de las redes. Eso desde lo negativo.
Cuando eso se haga, la SuperSalud debe garantizar que cuando se vaya la EPS deje saneadas las deudas. Yo me voy, pero no me voy debiendo, me voy pagando. El decreto no contempla ese riesgo.
El decreto tiene una línea de tiempo en el que hay seis meses de reglamentación.
De otro lado, en lo positivo, obviamente, no es lo mismo tener tres EPS que me deben a tener solo una que me debe. Cuando yo me siento con una única EPS o con dos, voy a tener mayor población concentrada en el tema de atención, pero hay que entrar a establecer reglas de juego claras, acuerdos de voluntades, que entran a mejorar condiciones claras en las que estamos ahora.
SEMANA: El decreto fija la obligación de contratar mínimo el 60 % con las Empresas Sociales del Estado. ¿Las IPS podrían perder participación frente a estas ESE?
J.T.: Claro que sí. En las regiones que aplique ese artículo, la red privada perdería contratación. Debe reajustarse y eso es una condición de mercado muy compleja. Además, hay que tener en cuenta que la red pública apenas es el 10 % de la red. Nosotros los privados somos el 90 % de la red de atención en el país. La red privada es la que concentra los niveles de complejidad más altos. Nosotros somos los que tenemos la mediana y alta complejidad en el país.
SEMANA: Respecto a la capacidad instalada, ¿usted cree que las IPS están preparadas para absorber un aumento en la demanda?
J.T.: Las IPS funcionamos como acordeón. Se nos abre contrato, abrimos servicios. Se nos cierra contrato, cerramos servicios. Nosotros nos ajustamos al mercado en el sentido de que, si nos van a dar más usuarios, abrimos más camas y montamos más consultorios porque así funciona la dinámica de prestación. Si me van a garantizar contratos, aumento mi capacidad instalada.
El problema está en que yo no sé si aumentar mi capacidad instalada para una EPS quebrada. Le voy a atender a una entidad que no sabe si me va a pagar, como la Nueva EPS.
Hoy tenemos que mucha de la red no está atendiendo pacientes de la Nueva EPS por las condiciones financieras y administrativas de la Nueva EPS.
SEMANA: ¿Se podría generar una saturación en servicios de urgencias o especializados?
J.T.: La movilidad de pacientes implica que se debe garantizar la continuidad en el tratamiento. Sobre todo para ciertas patologías. Entonces eso no está contemplado.
Por ejemplo, se va una EPS de una región, como Salud Total, que tiene una buena condición financiera, y llega Nueva EPS, a la que yo le tengo cerrados los servicios porque no paga. ¿Qué hago? No atender a los pacientes, porque no está garantizado el pago. Ahí está la gravedad del impacto del tema.
Ese decreto no es viable en este escenario, deben congelarlo y activarlo cuando ya tengamos un sistema de aseguramiento estable.
SEMANA: ¿Financieramente puede haber un riesgo financiero para las IPS?
J.T.: Hay que tener en cuenta que es la misma UPC y son los mismos usuarios. Lo que pasa es que va a haber distintos pagadores. Si hoy hay, por ejemplo, diez pacientes y esos están distribuidos en cuatro EPS, hoy la red de servicios atiende diez pacientes con cuatro pagadores. Como está la norma, esos diez pacientes van a pasar a un único pagador. Si se pasan a una EPS en condiciones deterioradas para pagar, lo que hace la IPS es cerrarle los servicios. Yo como IPS no asumo el riesgo financiero de atenderle a una institución que no me va a pagar.
SEMANA: ¿Cómo lo están haciendo ahora con la Nueva EPS o EPS con condiciones financieras poco favorables?
J.T.: Hay algunas opciones. Por ejemplo, algunas de la red están haciendo ahora un pago de contado. Es decir, tengo a este paciente, me cuesta diez pesos, por ejemplo, entonces, la EPS me consigna los diez pesos y yo atiendo el paciente para no generar una deuda. Esta alternativa no es el universo de EPS, es para ciertas patologías de ciertas EPS.
Si usted como IPS sabe que un paciente le va a costar 300 o 400 millones porque la cirugía es compleja o el tratamiento o insumos son complejos, prefiere que le paguen y luego lo atiende. Dado que esos 300 millones no se sabe cuándo llegarán. Si llegan en uno o dos años, las IPS prefieren no atenderlos.