BAT Colombia expresó su preocupación por el impacto que tendría la medida sobre el recaudo territorial y el fortalecimiento del contrabando, en un mercado que ya enfrenta altos niveles de informalidad y presencia de economías criminales.
Según el pronunciamiento de la compañía, la iniciativa no solo carecería de sustento constitucional, sino que afectaría de manera directa a los actores que cumplen la regulación vigente.
BAT Colombia recordó que la industria legal del cigarrillo opera bajo un marco normativo estricto que prohíbe la promoción del consumo y exige el pago de impuestos, trazabilidad y controles sanitarios. En ese contexto, advirtió que decisiones fiscales abruptas terminan “castigando a quienes operan legalmente y fortalece a quienes están por fuera de la ley”.
El comunicado subraya que el mercado formal del cigarrillo en Colombia está integrado hoy por apenas dos empresas, mientras que el contrabando ya abastece más del 36 % del consumo nacional.
La situación es aún más crítica en zonas fronterizas como La Guajira, donde el consumo de productos ilegales supera el 90 %. Para la compañía, incrementos tributarios desproporcionados no reducen el consumo, sino que lo trasladan al mercado ilegal, donde no existen controles sanitarios ni aportes fiscales.
El impacto fiscal también fue uno de los puntos centrales del pronunciamiento. BAT Colombia señaló que solo en 2024 pagó más de un billón de pesos por concepto de impuesto al consumo, recursos que se transfieren directamente a los departamentos.
De acuerdo con la empresa, este tributo representa el 13,1 % de los ingresos tributarios departamentales y hasta el 43 % de los ingresos propios cuando se suman licores, cerveza y tabaco. Desde su perspectiva, cualquier ajuste abrupto pone en riesgo estas rentas sin generar beneficios reales para las finanzas nacionales.
La compañía respaldó su advertencia con cifras históricas. Entre 2016 y 2023, el componente específico del impuesto al cigarrillo aumentó más del 500 %, mientras la participación del mercado ilegal pasó del 13 % al 36 %.
Actualmente, una cajetilla legal cuesta en promedio $11.067, frente a $4.542 en el mercado ilegal, una brecha que, según BAT Colombia, incentiva la migración del consumidor hacia productos de contrabando.
En su mensaje final, la empresa hizo un llamado a abrir un espacio de discusión técnica. “No se trata de proteger un negocio, sino de defender la legalidad, el recaudo territorial, la seguridad y el Estado de Derecho”, señaló, al insistir en la necesidad de una política fiscal gradual y acompañada de un combate efectivo contra el contrabando.
