El pasado jueves, Ecopetrol tuvo una asamblea extraordinaria para llenar vacantes de su junta directiva. Allí se marcó un hito, pues además de los nombres de Carolina Arias y Juan G. Castaño, se sumó el de César Loza, líder de la Unión Sindical Obrera (USO).
Con la recomposición de la junta, Ecopetrol entra en la etapa final en la administración del presidente Gustavo Petro, pero con dificultades en el gobierno corporativo por la injerencia del Gobierno nacional en decisiones de la compañía.
Además, en un momento complejo por la incertidumbre en los precios, el fortalecimiento del peso frente al dólar y el comportamiento de la inflación, factores que han venido golpeando los resultados.
De hecho, uno de los temas que enfrentará la nueva junta será la entrega de resultados del año pasado, que, al parecer, seguirán la tendencia de caída en sus utilidades. BTG Pactual calcula, para 2025, ganancias por cerca de 9,8 billones de pesos, una caída de 34,3 por ciento interanual.
Por su parte, Aval Casa de Bolsa estima una utilidad de 2 billones de pesos en el cuarto trimestre de 2025 (-20,4 por ciento trimestre a trimestre y -47,7 por ciento año a año), “la utilidad anual de 9,5 billones y un dividendo por acción de 140 pesos (-34,5 por ciento frente al del año anterior)”.
Esta situación va a presionar uno de los momentos más esperados de Ecopetrol en el año: la repartición de dividendos. “Por un lado, un Gobierno derrochón y populista que va a querer recaudar toda la plata que pueda y exprimir de alguna u otra manera a la vaca lechera. Pero, por el otro, con una visión en la que Ecopetrol no tiene cómo pagarlo porque hubo un deterioro muy grande en el capital de trabajo, por créditos y deudas fiscales a favor de la empresa, pero contra el mismo Gobierno”, señala Daniel Guardiola, director ejecutivo de Equity Research de BTG Pactual.
A su juicio, los dividendos este año están sujetos a que el Gobierno le pague a Ecopetrol los saldos del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), pero también otras cuentas que tiene la petrolera en materia de impuestos, especialmente IVA. Estos dos hechos suman entre 12 y 13 billones de pesos, una cifra muy cercana a los recursos que busca el Gobierno por medio de la emergencia económica. Guardiola y otros expertos, incluso de la misma compañía, no descartan que Ecopetrol tenga que endeudarse para girar dividendos.
Otra ‘papa caliente’ que tendrá la nueva junta está relacionada con un activo estratégico: los pozos de fracking en el Permian, que representan cerca del 15 por ciento de la producción. El presidente Petro ha anunciado su interés de vender esos activos y, paradójicamente, ha sido Loza uno de los defensores de ese negocio. Aunque el tema todavía no ha llegado a la junta, la decisión pasa por los tiempos y el proceso de venta, y por las implicaciones para los miembros de la junta, pues podría producirse un detrimento patrimonial sobre un activo clave. Esto, como explica Guardiola, a diferencia de lo que sucedió con el proyecto Crown Rock, también en el Permian, al que Ecopetrol desistió, pero que nunca formó parte de sus activos, por lo cual no habría un detrimento.
Otro frente son los proyectos de gas. Allí, hay dos escenarios: uno, las plantas regasificadoras en Coveñas, Ballenas y el Pacífico, con aliados como Frontera y TGI, entre otros, y las presiones para su desarrollo. El otro, Sirius, un proyecto en el Caribe, que sería la solución a la crisis. Hace un año, se hablaba de su entrada a finales de esta década y ya va en principios de la siguiente. La licencia ambiental tendrá que pasar por unas 150 consultas previas.
Además, están las tensiones por la compra de proyectos de energías renovables no convencionales, una apuesta del Gobierno, pero que no vieron la luz con los anteriores dueños. Esta situación tiene dos limitaciones. Una, la energía generada que, por temas regulatorios y de ley, no puede ser comercializada en el mercado colombiano, pues Ecopetrol es el accionista mayoritario en ISA. Y, dos, que las rentabilidades de estos proyectos son menores a las operaciones de hidrocarburos. “Apenas cercanas a la mitad”, dice una fuente cercana a la empresa.
A estos temas que enfrentará la junta se suman otros, como la disputa tributaria que tiene la empresa con la Dian por la importación de combustibles. Según Guardiola, es un pasivo contingente cercano a 10 billones de pesos, “casi que un año de utilidades de la empresa”. También los efectos de la reducción en el precio de la gasolina que decretó el Gobierno, de 500 pesos por galón, y la expectativa que hay por un aumento en el valor del diésel, para que no se generen nuevos déficits en el Fepc. Así se mueve la agenda de la iguana en la recta final del Gobierno Petro.
